Ya perdida la primera quincena de febrero, pasada la conmoción por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista, la Cámara de Diputados va camino a saltearse la instancia de sesiones extraordinarias que había convocado el Gobierno para los meses del verano.
Luego del terremoto que provocó el portazo del líder de La Cámpora a la conducción del bloque por sus públicas diferencias respecto de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y para no tener la responsabilidad de juntar votos para aprobar un acuerdo en el que esencialmente no cree, la actividad parlamentaria quedó ahora trabada por los desacuerdos entre las cúpulas de las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio a propósito de la integración de las comisiones y la designación de sus autoridades.
Según pudo saber NA, las mediadoras en la negociación son las secretarias parlamentarias de ambas coaliciones, Paula Penacca (FdT) y Silvia Lospennato (PRO-JxC).
También hubo reuniones al más alto nivel con la idea de destrabar los desacuerdos entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los referentes de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC), pero las gestiones no dieron frutos.
“No hay novedades, todavía no se pudo avanzar con Juntos por el Cambio en acordar los términos de la integración de las comisiones”, recalcaron a NA altas fuentes parlamentarias del Frente de Todos.
También condiciona el hecho de que en el Senado, donde el oficialismo pretende encabezar la totalidad de las comisiones (inclusive las siete que presidió Juntos por el Cambio en los últimos dos años), tampoco se esté cerca de un acuerdo entre las partes.
De nada serviría que los proyectos sean aprobados en Diputados para que después queden bloqueados en la Cámara alta, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner lidera con mano de hierro, marcándole la cancha no sólo a la oposición sino al propio Gobierno del cual es parte fundamental.
El despido de 40 asesores de la UCR en el Senado no ayuda al clima de concordia que debería haber para encausar los consensos necesarios que motoricen la actividad estrictamente legislativa.
Luego de reorganizarse internamente, la energía de la bancada oficialista presidida ahora por el santafesino Germán Martínez está depositada en convencer a la mayoría de los integrantes del bloque para que avalen con su voto la carta de intención al FMI.
Sin embargo, antes de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaran con bombos y platillos el principio de entendimiento con el FMI, había una gran expectativa para que se aprobara la agenda de proyectos, que incluían temas de profunda importancia como el pacto fiscal 2022 y la reforma del Consejo de la Magistratura.
Esa expectativa pareció desinflarse desde el momento en que el Gobierno puso al tope de sus prioridades la aprobación del pacto con el organismo multilateral de crédito, que incluye una refinanciación de la deuda contraída por la gestión precedente de Cambiemos, con un “deadline” inquietantemente cercano: el 22 de marzo.
Antes de esa fecha, el acuerdo, al cual el Gobierno no habilitará a cambiarle ni una coma porque eso implicaría reabrir las discusiones ya saldadas con el FMI, debería estar aprobado en ambas cámaras ya que el 22 de marzo es el día estipulado en el cronograma original para el desembolso de una cantidad de dinero que el Tesoro no está en condiciones de afrontar.
Una de las incógnitas a despejar es por qué cámara ingresará el proyecto para ratificar la carta de intención: las apuestas favorecían al Senado, pero no por mucho.
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