Las defensas de los 18 imputados por la tragedia de Beara, el derrumbe del entrepiso de un boliche en el barrio porteño de Palermo en 2010, plantearon hoy una serie de nulidades y pedidos de prescripción de la causa que el tribunal oral deberá resolver el próximo miércoles, como paso previo a dar formal inicio al juicio.
Después de 11 años y medio, el tribunal –integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval– resolvió rechazar todos los pedidos de probation que habían formulado varios de los imputados y abrió la audiencia virtual con todos los acusados sentados en el banquillo.
Pero antes de que se abriera formalmente el debate con la lectura de la acusación, las partes formularon planteos de previa resolución que fueron desde la nulidad de la elevación a juicio por parte del fiscal de instrucción Andrés Madrea hasta los argumentos de insubsistencia de la acción penal por prescripción.
Concretamente, el abogado Julián Subías, quien representa a varios de los empresarios acusados, embistió contra la elevación a juicio y consideró que era nulo por sus características, los errores en las imputaciones.
Subías denunció una intención de involucrar a funcionarios políticos del gobierno porteño de 2010, que estaba en manos por entonces del ex presidente Mauricio Macri.
La defensa de los funcionarios, especialmente de Vanesa Berkowski –investigada por las causas Cromañón e Iron Mountain- pidió la prescripción de la causa porque, pese a que siguió siendo funcionaria (lo que mantendría vigente la acción penal) sus cargos no tuvieron relevancia para incidir en la investigación.
Berkowski citó jurisprudencia en ese sentido para justificar el pedido de extinción de la acción.
El tribunal volverá a sesionar el próximo miércoles y allí resolverá si hace lugar a los planteos o los rechaza y avanza con el debate.
El derrumbe del entrepiso causó la muerte de Ariana Beatriz Lizarriaga, de 21 años de edad, y de Paula Leticia Provedo, de 20, y heridas a medio centenar de personas.
En el juicio comparecen como imputados ex funcionarios, empresarios y policías acusados de haber recibido sobornos para permitir el funcionamiento del local en condiciones irregulares.
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