El Correo Argentino SA, cuya controlante es SOCMA -propiedad de la familia Macri- suma más problemas a su frente judicial. La fiscal Gabriela Boquín firmó en diciembre un dictamen que recién trascendió ahora, en el cual pide que la Cámara de Apelaciones del fuero comercial confirme la quiebra de la compañía. Además, aún debe resolverse un planteo del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien pidió que la quiebra se extienda al holding del ex presidente.
El 5 de julio del 2021 la jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentina SA, cuya firma controlante es SOCMA. El pedido de dicho proceso fue realizado por la Procuración del Tesoro. La magistrada describió la situación de la empresa como “ruinosa”, señaló que “no tiene actividad comercial” y que no puede “afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y pos concursal”.
Para evitar la quiebra, la empresa había ofrecido al Estado -su principal acreedor- un pago total de 1.000 millones de pesos en base a una deuda reconocida en un informe de la Sindicatura. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini, se opuso a la oferta y requirió la quiebra de la compañía. El Estado es el principal acreedor del Correo Argentino, y le reclama una cifra superior a los 4.500 millones de pesos, que viene siendo discutida en los tribunales.
En ese marco, la magistrada evaluó que al ser el Estado el principal acreedor y ya que el mismo no avaló la oferta realizada, “no puede considerarse obtenida la mayoría requerida por la ley en cuanto a cantidad de personas que votaron favorablemente la mejora de propuesta formulada por la concursada. Por lo tanto, también cabría decretar sin más la quiebra de la concursada”.
En aquel momento, el ex presidente Mauricio Macri había denunciado en un carta pública que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una “venganza” y “persecución política” del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos.
Del otro lado, la Justicia sostiene que cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago “abusivo”, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa y abusiva” ya que iba a perjudicar “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Parala fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.
Ante la apelación de la quiebra por parte del Correo Argentino, que se concedió con efecto suspensivo, la fiscal Boquín firmó un dictamen previo al inicio de la feria judicial de verano, donde pide a la Sala II de la Cámara de Apelaciones integrada por las juezas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, que deje firme lo resuelto por la juez Cirulli, es decir: la quiebra.
De esta manera, rechazó la apelación formulada por la compañía considerando que la misma es improcedente, porque a su criterio no se ajusta a lo contemplado por la ley concursal, que “no prevé la posibilidad de apelar”.
Como segundo argumento, en su dictamen la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que en caso de tenerse como válida la apelación se desestime la finalidad de la misma, que es dejar sin efecto la quiebra. En este punto, reiteró que el Tribunal revisor debe confirmar la quiebra del Correo Argentino SA.
Otro pedido sobre la quiebra
Con la quiebra suspendida momentáneamente, Zannini pidió ante la jueza que la quiebra sea extendida a SOCMA y a SIDECO. “Bajo el interés de obtener la incorporación de otro u otros patrimonios a la masa activa , por ello son interesados naturales y directos”, para promover la medida.
Zannini indicó que su deber es el de “velar por los intereses del Estado y hacerlos valer con su equipo de abogados”. Por ese motivo y para garantizarse el cobro de la deuda, referenció que Sociedades Macri tiene a su cargo el control de Sideco Americana y también sobre el Correo.
Para la empresa, este planteo tiene como fin dejar sin efecto los tres juicios contra el Estado Nacional iniciados por el Grupo Macri en el fuero Contencioso Administrativo Federal, por la expropiación del Correo Argentino firmada por Néstor Kirchner en noviembre de 2003. La cifra involucrada en los tres reclamos asciende a 400 millones de dólares.
Cuando Kirchner estatizó la empresa, el argumento era que Socma tenía una deuda de 296 millones de pesos-dólares por el canon que debía pagar al Estado. Además debía un porcentaje de intereses en concepto de actualización.
Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por 1.700 millones de pesos, para compensar supuestas inversiones realizadas.
