Una jueza Civil y Comercial de La Plata condenó al Banco Provincia a pagar 600 mil pesos de indemnización y a devolver todo el dinero que le robaron a un cliente en una maniobra de “phishing” ocurrida en plena pandemia de CovId-19.
El dictamen corresponde a la jueza María Cecilia Tanco, del Juzgado Nro 19 de la capital provincial y por primera vez la Justicia declara la nulidad del crédito que tomaron los delincuentes mediante esa acción de engaño a través de mecanismos virtuales.
Por eso, el Banco fue condenado a anular un préstamo de 650 mil pesos que le sacaron a un jubilado sin que se diera cuenta y también unos 22.500 pesos de adelanto de su sueldo.
Según dijeron en Tribunales a Clarín, el fallo es el primero que obliga a devolver todo lo extraído a través de la estafa que se tramita en el departamento Judicial La Plata y no se conoce que haya otro similar en el país.
El veredicto de Tanco sería un “leading case”, aclararon. “De esta manera se empieza a resolver la cuestión de fondo sobre las responsabilidades bancarias en estos novedosos hechos delictivos”, explicó a Clarín el abogado del damnificado, Marcelo Szelagowski.
La condena recayó sobre el Banco Provincia.
El engaño ocurrió el 6 de octubre de 2020. A Daniel Ricardo Suárez, un jubilado de Astilleros Rio Santiago, que vive en Berisso, cerca de la ciudad capital de la Provincia. Ese día lo llamaron de una empresa que se identificó como “Telefonía Internacional 4g” para decirle que había ganado un premio de 50 mil pesos en un sorteo y dos celulares 4G.
Para eso, le indicaron, debería acercarse a un cajero y generar una clave Token. Suárez lo hizo. A partir de ese momento perdió el control de su cuenta bancaria.
Cuando días más tarde se acercó a la sucursal de Berisso advirtió que le habían otorgado un crédito personal por 650 mil pesos. Que lo habían retirado por transferencias a diferentes CBU y además le habían retirado 22.500 pesos en concepto de adelanto de haberes.
Desesperado, realizó una denuncia penal. Y pidió un amparo para suspender todos los movimientos y volver todo a la situación anterior. Además reclamó por una supuesta “mala atención” de los empleados del área comercial.
Un año y cuatro meses después el caso tuvo una resolución inesperada. “La jueza no solo declaró la nulidad del crédito que había sido tomado por los estafadores, sino que tuvo una valiente y compleja decisión de dar por acreditados los hechos y tramitar un proceso rápido como marca la Ley de defensa del Consumidor. Pero sobre todo, fijar una sanción ejemplificadora a causa del maltrato sufrido por al actor como por otras víctimas de “phishing”, en un ítem punitivo donde los jueces habían sido muy variables y tímidos en la imposición de sanciones”, explicó Szelagowski.
Entre los fundamentos de la resolución, Tanco sostiene que el perito informático concluyó que “el Banco de la Provincia no cumple con las medidas de seguridad; exigidas por el BCRA”. La magistrada concluyó que “el perito informático dictaminó que la demandada, si bien cumple con las medidas de concientización, capacitación, a integridad y registro y gestión de incidentes, no cumple el monitoreo y control. Este último es un proceso relacionado con la recolección, análisis y control de eventos ante fallas, indisponibilidad, intrusiones y otras situaciones que afecten los servicios ofrecidos por los canales electrónicos, y que puedan generar un daño eventual sobre la infraestructura y la información”.
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Es decir, las medidas de prevención que utiliza el Bapro serían insuficientes para prevenir estas estafas. En el primer descargo de la entidad, el abogado planteó a la Justicia que Suárez “habilitó por propia voluntad a que se realicen las operaciones”. Porque entregó el PIN, el PIL y el token a un tercero, algo que constituye una violación al Reglamento del Cajero Automático Bapro.
“Ha sido la propia torpeza del cliente Suarez la generadora de los daños”, argumentó el letrado.
El informático que intervino en el proceso determinó que la casa crediticia provincial no tenía habilitada, cuando ocurrió el ardid, el mecanismo para “verificar fehacientemente la identidad de las personas que solicitan créditos preaprobados a través de canales electrónicos y esa verificación deberá hacerse mediante técnicas de identificación positiva, lo que refuerza la obligación que ya tiene la entidad financiera de detectar la posibilidad de engaños de ingeniería social”.
La magistrada también consideró que la víctima es “un cliente hipervulnerable” y observó este dato: “fue víctima de maltrato por parte de la entidad al que ni siquiera habían respondido su reclamo en término”.
“La falta de respuesta en tiempo de la entidad bancaria y el maltrato que sufriera por parte de la entidad, determinaron que no solo se anulara el préstamo, sino que se condenará al Banco demandado a la devolución del adelanto de sueldo y al pago de una multa de $ 600.000”, explicó el abogado de Suarez. En la demanda habían pedido 1,9 millones de resarcimiento.
La Plata. Corresponsalía
