Para la justicia, la principal empresa de la familia Kirchner Hotesur SA dedicada al rubro hotelero, sólo fue una “pantalla sin fines comerciales reales”. La firma volvió a estar bajo la administración de la vicepresidenta y sus hijos a mediados del año pasado, pero los problemas financieros se agudizaron a tal punto que el Banco Central les aplicó la categoría de deudor “irrecuperable” tras más de diez meses de acreencias impagas.
Los interventores judiciales siempre remarcaron que el hotel Alto Calafate tenía poca rentabilidad y entre ocasiones sugirieron que era mejor su disolución.
Mientras tanto, la Sala I de la Cámara de Casación debe resolver si la vicepresidenta, sus hijos y otros trece imputados van a juicio oral por lavar dinero por 80 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de la empresa Hotesur SA, o sí confirmarán el sobreseimiento dictado por dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) previo a la realización del debate.
La empresa estuvo intervenida durante cinco años, bajo las sospechas de que su único objetivo cuando fue adquirida, era ser utilizada para operaciones de blanqueo. La acusación se encuentra bajo revisión y en paralelo, la situación financiera de Hotesur suma problemas.
A mediados del 2020 los mismos jueces que tiempo después, sobreseyeron a la vicepresidenta, a sus hijos y a los demás acusados, devolvieron a la familia Kirchner el manejo de sus empresas (Hotesur y Los Sauces) y de 25 propiedades nucleadas en el Condominio Máximo y Florencia Kirchner. Hubo rechazo al planteo por parte de la jueza Adriana Pallioti que remarcó que las compañías seguían siendo sospechosas de operaciones de blanqueo.
Desde el año pasado y a raíz de volver bajo la órbita de la ex familia presidencial, la firma hotelera cuenta con un directorio después de haberla dejado acéfala durante cinco años. Máximo Kirchner adujo ante la IGJ que era víctima de una persecución política y que por ese motivo no designó autoridades. Así tránsito los últimos años Hotesur: sin presidente ni directorio.
En manos de sus dueños Hotesur fue calificada por el Banco Central, es su escalada de deudores, como “irrecuperable”. Después de esa instancia queda una última calificación que es irrecuperable por disposición técnica. El BCRA aplica estas categorías de manera automática tras la información que recibe de las entidades financieras.
Todo se encuentra regulado en la normativa sobre calificación de deudores. Cuya reglamentación sostiene que las deudas de clientes incorporados a esta categoría “se consideran incobrables. Si bien estos activos podrían tener algún valor de recuperación bajo un cierto conjunto de circunstancias futuras, su incobrabilidad es evidente al momento del análisis”. Así se encuentra Hotesur.
¿Cómo se puede llegar a esta situación? Según el BCRA el cliente, en esta caso la empresa de los Kirchner, presentó una “situación financiera mala con suspensión de pagos, quiebra decretada o pedido de su propia quiebra, con obligación de vender a pérdida activos de importancia para la actividad desarrollada y que materialmente sean de magnitud significativa”.
En otro tramo la normativa explica que el flujo de fondos no alcanza a cubrir los costos de producción. La calificación de irrecuperable se aplica para quienes incurren en atrasos superiores a un año, “cuente con refinanciación del capital y sus intereses y con financiación de pérdidas de explotación”.
La información oficial expone que son diez meses continuos de deuda, parte de ellos bajo la administración de la familia Kirchner y el nuevo directorio. Entonces, se les aplicó una de las peores calificaciones para deudores.
Los interventores judiciales en varios documentos habían planteado la existencia de un “grupo económico” real, señalando que se ha diseñado una “ingeniería societaria y un mecanismo de explotación que es funcional a eludir la cautela judicial y que además ocasiona gastos estatales”.
El planteo fue acompañado de otra explicación, al analizar la documentación, ver el movimiento del hotel, los contratos de locación celebrados, entendieron que la actividad comercial “era escasa y poco rentable”. Por eso, en 2018, el interventor sugirió disolver la sociedad y liquidarla. Esto corroboraba, en parte lo que los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita sostuvieron: nunca existió una finalidad comercial, sino montar una estructura para operaciones de blanqueo.
Cuando entregaron la empresa a sus dueños, los interventores dejaron plasmado en un documento otro planteo: sus propietarios no mostraron “interés en cobrar alquileres vencidos”, la deuda supera los $ 4 millones y debían cobrarla a Idea SA (de Osvaldo Sanfelice) última empresa en explotar el hotel.
La intervención judicial en varios informes indicó que el hotel tenía valores de explotación que estaban por debajo del precio de mercado: mantenían un canon desactualizado desde 2015, generando que el negocio sufra pérdidas: Sanfelice pagaba 190.000 pesos más IVA por mes. Aunque los administradores habían pedido que se cobre más de 500.000 pesos por mes, nunca se actualizó el valor. “Sus dueños no tienen interés”, remarcaron.
Al menos diez funcionarios judiciales, entre magistrados de diferentes instancias y fiscales, dieron por corroborado que Cristina Kirchner y sus hijos, junto a Lázaro Báez, montaron una estructura de lavado de dinero a través de la actividad hotelera. El dueño del Grupo Austral fue el responsable de explotar Hotesur SA a través de Valle Mitre SRL, creada un mes antes de que Néstor Kirchner adquiriera por más de cinco millones de dólares el hotel Alto Calafate.
Todos se concretó entre 2009 y 2013 período en el que el contratista K pagó a los Kirchner 27,5 millones de pesos por el gerenciamiento del Alto Calafate y más 11 millones por habitaciones que contrató y que nunca utilizó. La Justicia concluyó que, junto a otras operaciones, se blanquearon 80 millones de pesos.
En simultáneo Báez recibía contratos viales por 46.000 millones de pesos, cuya legalidad está bajo juicio oral desde 2019. Por ello, la acusación sostiene que ambos sucesos están conectados. Los investigadores sostuvieron que además de estas operaciones hoteleras hubo más de 15 compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez y los ex presidentes. Esta liquidez les habría permitido -con la participación de Máximo Kirchner-, comprar el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y el Alto Calafate, por 4.900.000 dólares.
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