Un año transcurrió desde que estalló el escándalo del vacunatorio VIP y devino en la renuncia de Ginés González García al ministerio de Salud. Hay al menos cuatro líneas de investigación en el caso donde, además, está imputada la ministra Carla Vizzotti. Con un listado de personas inoculadas bajo sospecha, se pidieron explicaciones nuevamente, al gobierno de Santa Cruz que no logra explicar por qué fue vacunado el jardinero de Cristina Kirchner cuando sólo correspondía al personal de salud.
El expediente fue reabierto por orden de la Cámara federal porteña. Los integrantes de la Sala I consideraron que era prematura la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti quien había determinado la inexistencia de un delito. La investigación fue delegada al fiscal Eduardo Taiano, que recibe la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez.
Pese a la causa judicial, en su momento el presidente Alberto Fernández consideró que todo se trató de una picardía que no calificaba como delito penal. La jueza Capuchetti se refirió a acciones repudiables desde el plano moral, que podría analizarse a la luz de la Ley de Ética de la función pública, pero que no encontraba una figura delictual para el caso.
La ventana de tiempo va desde el 29 de diciembre del 2020 hasta el 23 de febrero del año siguiente. Recién comenzaban a llegar las vacunas contra el Covid-19 y la normativa del Gobierno nacional estableció un orden de prioridad para la inoculación, basándose en criterios sanitarios.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurando la Zona Franca de Río Gallegos junto a la gobernadora Alicia Kirchner.
El personal de salud era la prioridad, como también las personas de más de 60 años con enfermedades de riesgo. La Cámara Federal porteña consideró que había elementos para continuar investigando y solicitó que el juzgado indague en aquellas personas que fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”.
Los jueces señalaron que “se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.
En este último aspecto, la investigación avanzó sobre las vacunas remitidas al Hospital de El Calafate. La jueza Capuchetti había requerido un listado de todas las personas que fueron vacunadas con esas dosis, que fue remitido por el Ministerio de Salud hace unas semanas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que ese informe no había claridad respecto a “cuántas vacunas fueron distribuidas a las instituciones nacionales radicadas en las provincias y cuáles a atender a las necesidades provincias”. Pero observaron otro aspecto: las explicaciones del gobierno de Alicia Kirchner eran insuficientes sobre un punto particular.
La provincia de Santa Cruz informó 265 personas fueron vacunadas en la villa turística y registradas como personal de salud del Hospital SAMIC y de la cooperativa de limpieza que brinda servicios allí. También había integrantes del Hospital Formenti, de la misma localidad.
Hasta allí todo cumplía con el primer requisito: las inoculaciones debían practicarse a personal de salud. Pero en ese extenso listado, sólo dos personas no integran esa categoría: el jardinero de Cristina Kirchner y su pareja. Fueron consignados como “mayores de 60 años”, algo que es cierto. Ramón Ángel Díaz Díaz tiene 73 años y María Soledad Zazo Gómez, 62 años.
La PIA como parte del Ministerio Público Fiscal que tiene a cargo la investigación reiteró a comienzos de este año un pedido al gobierno de Santa Cruz. Pidieron explicaciones oficiales respecto a la vacunación de Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la vicepresidente y único empleado de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner sospechada de lavado de dinero.
No hubo, según señalaron fuentes judiciales, ningún sustento por parte de la provincia que justifique la inoculación del jardinero de Cristina Kirchner y de María Soledad Zazo Gómez, pareja de Díaz Díaz. “El ministerio de salud de Santa Cruz no explicó esa situación que continúa bajo investigación”, indicaron fuentes del expediente que en el cotejo con la normativa que regía, entienden que no debía ocurrir.
Además de las vacunas destinadas a El Calafate, se continúa investigando a un grupo de 50 personas que fueron inoculadas en el Hospital Posadas. Al respecto se pidió hace un mes más información respecto al detalle y explicación sobre esas personas, ya que figuran personas de otros distritos, como también funcionarios del gobierno bonaerense y personal de la fuerza policial de esa provincia. Este detalle debe ser proporcionado por el Ministerio de Salud de Buenos Aires.
Con Carla Vizzotti imputada, se llevó adelante otra medida de prueba que concluyó y será entregada a la fiscalía: un entrecruzamiento de llamados telefónicos que incluye de Ginés González García y a otros ex funcionarios. El fiscal Eduardo Taiano en su dictamen había sostenido que “no se puede descartar la participación ” de la funcionaria en los hechos denunciados.
En la órbita del ministerio de Salud se realiza, por orden de la PIA, el sumario administrativo que tiene bajo investigación a ex funcionarios como a personal que aún cumple funciones. Se busca determinar la cadena de responsabilidades al interior de la cartera, qué espacios físicos se utilizaron para un conjunto de vacunas, hay bajo análisis correos electrónicos, ingresos y egresos del edificio y ciertas oficinas.