El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional entre 2003 y 2015 se reanudará con la declaración como testigo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Massa inició después de las 9.36 su declaración testimonial, desde su despacho en el Congreso nacional. El primero en preguntar fue Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner.
“Me parece que es importante entender cómo funciona el presupuesto”, dijo inicialmente para explicar todo el procedimiento administrativo de cómo desde julio de cada año se comienza a trabajar en la ley que terminará en el Congreso.
Después de ese contexto, la defensa de la vicepresidenta le preguntó si existe la posibilidad de que alguno de los organismos pueda determinar en el presupuesto montos volcados a una provincia en materia de obra pública y cómo se distribuye ese dinero en el territorio. Massa dijo que no era posible: “Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo”.
Respecto a las decisiones administrativas, Berladi le preguntó si alguna vez recibió una orden de Cristina Kirchner para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular. “No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”. La pregunta apuntó a quitarle peso a la acusación que envió a juicio a la vice, que sostiene que se direccionaron 51 licitaciones viales por $ 46.000 millones a favor de Lázaro Báez.
El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, ex socio comercial de los Kirchner, cerrará esta etapa en la que ya se escucharon más de cien testigos desde que comenzó el debate oral, en mayo de 2019.
El presidente de la Cámara de Diputados declarará este lunes como parte de la estrategia de defensa de Cristina Kirchner, para refutar la idea de “direccionamiento”.
Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que no firmó ella las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.
La ex presidenta sostiene que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
En base a ese criterio, Cristina Kirchner pidió -cuando aún no se había constituido el Frente de Todos y contaba con un público enfrentamiento con Massa y Alberto Fernández-, que declaren los ex jefes de Gabinete como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
