El borrador que circula sobre un presunto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que se busca una reducción del 0,6% en los subsidios energéticos, lo que implicaría gastar US$ 4.000 millones menos que en 2021. En esa minuta, que no fue negada por el Gobierno, se confirma un adelanto exclusivo de Clarín: el Gobierno planea extender la “segmentación tarifaria” (es decir la quita de subsidios a los costos eléctricos en el decil de mayores ingresos) hacia más lugares.
En ese texto, se habla de “9 áreas urbanas”. Además de Buenos Aires y el conurbano, en el Gobierno estudiaron los efectos en algunas zonas de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, siempre en zonas de alto poder adquisitivo, según supo Clarín. Había una idea de avanzar hacia algunas ciudades del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza), pero eso depende de un acuerdo de Cammesa -la administradora mayorista del sistema eléctrico- con las distribuidoras y los gobiernos de esas provincias.
El documento que circula también confirma otro adelanto de Clarín. La “segmentación tarifaria” en sí misma provocará un ahorro muy menor en relación a los US$ 4.000 millones buscados. La aplicación de la primera tanda de segmentación (Buenos Aires, conurbanos y countries y barrios cerrados de la zona) generará que el desembolso eléctrico baje US$ 200 millones. En 2021, los subsidios para que la electricidad no pese tanto en la factura fueron superiores a los US$ 7.000 millones.
Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de subsidios para enfocar el esfuerzo en aquellos con mayor capacidad de pago. El plan busca eliminar los subsidios a la electricidad del primer decil de consumidores residenciales en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires a partir de marzo, y se ampliará a otras 9 áreas urbanas para fines de mayo del 2022”, detalla.
“Los ahorros del plan de segmentación podrían alcanzar 0,08% del PIB durante el 2022”. Esto sería alrededor de US$ 550 millones. Es apenas un poco más de la décima parte de lo que busca ahorrar el Gobierno.
Las tarifas de luz y gas están subsidiadas en su principal costo, que es el precio estacional de la energía y el precio del gas en boca de pozo respectivamente. En luz, el Estado se hace cargo de entre el 65% y el 75% de ese costo. Mientras que en gas, asume el 70% de lo que cuesta.
Las distribuidoras (Edenor y Edesur en luz, o Metrogas y Naturgy en gas) no reciben subsidios. El desembolso del Estado es para que el costo de esos servicios se mantenga bajo a través de subvenciones.
La minuta también confirma lo que venían expresando los entes reguladores en las audiencias públicas Habla de correcciones de costos mayoristas, y los explica como “esto es equivalente a que las facturas de los consumidores finales aumenten el 20%”.
Enargas (regulador del gas) acordó con las distribuidoras un aumento que impactará en alrededor del 18% y 19% del precio final de la factura. Por ahora, no prevé reducción de subsidios. Para hacerlo, Energía debería convocar a una audiencia pública.
El Enre (regulador eléctrico) va por una suba del 20%. Una parte irá a las distribuidoras (Edenor y Edesur) y otra será aumento en lo que pagan los clientes en el costo eléctrico. Eso supone alguna caída en los subsidios, pero no están detallados.
Los subsidios energéticos llegaron a US$ 11.000 millones en 2021. Para este año, se estima que treparán a US$ 14.000 millones, por los mayores costos para conseguir gas importado y fuel oil importado.
Tanto Enre como Enargas -liderados por funcionarios que se referencian en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- no son partidarios de aplicar más aumentos, más allá del 20% anunciado. Enre hizo una propuesta de segmentación, pero esperará a que la secretaría de Energía la impulse.
Si Economía busca un ahorro superior a los US$ 4.000 millones y la segmentación podría aportar una mejora fiscal de US$ 550 millones, aún queda un gran hueco por saldar.
“La baja de subsidios a través de tarifas no funciona”, razonan en el kirchnerismo. Allí sostienen que, para llegar a un mayor ahorro, el Gobierno tendría que avanzar en aumentos de tres dígitos, y no solo a los sectores de mayores ingresos, sino también a la clase media. Es políticamente “inviable”, según esas fuentes.
“Desarrollaremos, con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el FMI, un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector, anclado en nuestro objetivo de recuperación de costos. Este plan se publicará (finales de [septiembre] 2022 (punto de referencia estructural). [Pendiente: Reunión con equipos técnicos del Banco Mundial/FMI; inclusive para discutir opciones de financiamiento] (sic)”, dice el documento que circula.
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