El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encerraron ayer durante dos horas en la Casa Rosada para dar los primeros trazos de la estrategia parlamentaria que se dará el oficialismo con el objeto aprobar el proyecto de ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Allí se confirmó lo que ya era un secreto a voces: que el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados y hay fuertes rumores de que podría concretarse este mismo viernes, de acuerdo al “runrún” que se comenta en los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso. En la reunión, según supo NA, Alberto Fernández le pidió al líder del Frente Renovador que “abra el proceso de diálogo político para darle un tratamiento ágil”.
La aspiración del Poder Ejecutivo es que la sesión en la Cámara Baja pueda realizarse entre el jueves 10 y el martes 15 de marzo, a fin de que el Senado tenga tiempo el tiempo suficiente para convertir la carta de intención en ley antes del 22 de marzo, que es el “deadline” que tiene el Gobierno si quiere evitar el pago de un vencimiento por 2900 millones de dólares programado para ese día.
La idea es que la presentación del proyecto se produzca antes de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, para que el presidente se sienta más “liberado” de dar explicaciones sobre ese asunto y pueda concentrar su discurso en la agenda del Gobierno respecto de una multiplicidad de temas. Pero antes de enviar el proyecto al Parlamento, la Casa Rosada aguarda el visto bueno del staff del organismo financiero internacional al principio de acuerdo entablado a fines de enero.
Una vez que entre el proyecto, y se evalúe al detalle la famosa “letra chica” -de la que estaba muy pendiente la oposición y también La Cámpora para sentar una postura) el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, tendrá que dar la cara en Diputados para defender el proyecto.
Así lo ratificó la semana pasada la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que garantizó la presencia del titular del Palacio de Hacienda para explicar los detalles del acuerdo al que arribó con el FMI para la refinanciación de la deuda por 44.000 millones de dólares contraída por el Gobierno de Mauricio Macri.
Será una prueba de fuego para Guzmán, que intentará salir airoso en un escenario donde no sentirá la localía pese a que el oficialismo es mayoría en la Cámara baja. Esto es así porque un sector del Frente de Todos, entre ellos los diputados de La Cámpora que responden a Máximo Kirchner, así como los tres del Frente Patria Grande de Juan Grabois y los dos del Partido del Trabajo y el Pueblo, se muestra reacio a acompañar un programa que consideran de “ajuste” y “cesión de soberanía” por las condicionalidades que le impone el FMI al Gobierno en materia de gasto público y emisión monetaria.
De hecho, ayer se conoció un adelanto de la letra chica en la cual quedó al descubierto que los compromisos que asumiría el Estado argentino en el corto plazo son más severos de los previstos, como por ejemplo la quita parcial de subsidios a la energía y el transporte, topes a la inversión en infraestructura, revisión de regímenes jubilatorios especiales y límites al gasto en ayuda social, que pasaría a ser mucho más “focalizada”.
Este combo de político de austeridad, similar al que aplicó el Gobierno de Macri, no solamente espanta a los diputados del Frente de Izquierda, que ya adelantaron su voto negativo, sino que pone a prueba hasta qué punto el principal accionista de la coalición oficialista (el kirchnerismo de Cristina y Máximo Kirchner) está dispuesto a sacrificar el capital simbólico acumulado durante casi 20 años para acompañar un programa económico en el que no cree, y así preservar la unidad del Frente de Todos en un tema trascendental.
Justamente el primogénito de Cristina y Néstor Kirchner abandonó la presidencia del bloque de Diputados porque no se sentía en condiciones de asumir la responsabilidad que le demandaba la función de juntar los votos que precisa el Gobierno, por el hecho de no estar nada convencido del acuerdo, como dejó traslucir crudamente en una reciente carta abierta.
De todos modos, Kirchner le pidió a su tropa no adelantar una posición hasta tanto no tener la letra chica del acuerdo para poder analizar en profundidad el alcance y las implicancias. Por eso, ahora que esa letra chica ya está en manos de los legisladores, se acercan momentos decisivos que configurarán el escenario en el oficialismo. Mientras tanto, Cristina Kirchner se refugia en un conveniente silencio y no hablaría del tema hasta que llegue al Senado.
Si bien habría libertad de acción en el Frente de Todos, el flamante jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez, se encuentra abocado a persuadir a la mayor cantidad de diputados kirchneristas para que acompañen al Gobierno en esta iniciativa, e incluso no resigna la esperanza de hacerle rever su postura al jefe camporista.
La línea discursiva del Gobierno, desde Alberto Fernández y Guzmán para abajo, es remarcar que si bien un pacto con el FMI nunca es bueno, se trata del “mejor acuerdo posible” para dar un “principio de solución” a un problema en mayúsculas heredado del macrismo.
Según sostienen, este acuerdo que reprograma los plazos para pagarle al FMI a partir de un nuevo préstamo equivalente al anterior, permitirá abrir una ventana de tiempo suficiente para consolidar la recuperación económica y así estar en condiciones de cumplir con las obligaciones de deuda más adelante.
Además argumentan que el FMI se comprometió a no interferir en las políticas que apuntan al crecimiento del empleo ni a imponer reformas laborales, tributarias o previsionales que modifiquen el rumbo. En este sentido, ayer Guzmán se encargó de desmentir que el Gobierno esté enfocado en una reforma previsional, aunque abrió la puerta a la prolongación voluntaria de la edad jubilatoria y a la modificación de los regímenes especiales llamados “de privilegio”.
El grueso del Frente de Todos apoyaría el acuerdo en el recinto de la Cámara baja, y también podría hacer lo propio Juntos por el Cambio, mientras que la izquierda y los libertarios rechazarán la iniciativa, y el interbloque Federal analiza abstenerse.
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