Recientemente la Corte Suprema declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura y nos dejó ante una oportunidad histórica de sancionar una nueva ley que cumpla con el mandato Constitucional de asegurar un servicio de Justicia independiente y eficaz.
Resulta auspicioso el Anteproyecto de Reforma presentado ante el Senado hace pocos días por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Fores, y que cuenta con el apoyo de muchas entidades civiles de nuestra sociedad.
Se trata de un proyecto técnico, que recoge las experiencias vividas desde la creación del Consejo y apunta a “despartidizar” su integración, con el objeto de fortalecer su independencia y eficacia.
Lamentablemente, la ley del año 2006 declarada ahora inconstitucional, posibilitó una mayor incidencia de los intereses partidarios en el Consejo, que lo terminaron convirtiendo en un órgano muy sensible a los vaivenes del poder político de turno.
Las consecuencias están a la vista: procesos de selección de magistrados lentos, sospechados de un alto grado de discrecionalidad, gran cantidad de vacantes no cubiertas y un servicio de justicia generalmente lento y poco eficaz. Ese escenario, además, desnaturaliza los objetivos de los constituyentes del 1994, que crearon el Consejo con dos objetivos principales: disminuir la influencia político partidaria en el proceso de selección y remoción de los jueces, y asegurar una eficaz prestación de los servicios de justicia.
A tales efectos, establecieron que el Consejo debía ser “integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Resalto en negritas la palabra “equilibrio”, pues sin esa condición resulta imposible que el Consejo pueda cumplir con los objetivos de independencia y eficacia requeridos.
En diciembre pasado, la Corte explicitó que se cumple con tal exigencia cuando se logra un “equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo”. A fin de lograr un adecuado equilibrio que posibilite su independencia, el Anteproyecto redactado por las entidades civiles se propone una composición de 13 miembros:
1) 4 representantes de los órganos políticos.
2) 4 representantes de los jueces.
3) 4 representantes de los abogados.
4) 1 representante del sector académico.
Con el objeto de dotar al Consejo de mayor eficacia, la propuesta incluye varias modificaciones clave respecto de su funcionamiento. Por razones de espacio, solo mencionamos algunas:
1) Dedicación exclusiva de los consejeros, a fin de mejorar la productividad del organismo.
2) El ejercicio del cargo en el Consejo debe ser a título personal y en forma independiente.
3) Obligación de implementar un reglamento de auditoría y gestión para los juzgados, cuyo objetivo fundamental será dar a conocer en tiempo real a la ciudadanía una estadística completa que permita evaluar los tiempos en que se tramitan los procesos judiciales.
4) Implementar programas de gestión y de transformación digital que permitan dotar al Poder judicial de la tecnología necesaria y adecuada a fin de facilitar el trabajo de empleados, funcionarios y magistrados como así también de los auxiliares del sistema y de la ciudadanía, con el objetivo de reducir la burocracia, simplificar sistemas, poner a disposición información en tiempo real, y dotar de transparencia a los procesos.
Hago votos para que este Anteproyecto pueda prosperar en el Congreso de la Nación. Sin un Consejo de la Magistratura independiente y eficaz no lograremos contar con un Poder Judicial que, valga la redundancia, sea Independiente y Eficaz. Condición indispensable para ser República y garantizar la tutela efectiva de los derechos de todas las personas
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