El presidente Alberto Fernández inaugurará este martes las sesiones ordinarias del Congreso. Será su tercer discurso y gran parte del Poder Judicial espera las renovadas críticas que el jefe de Estado le viene dedicando en sus apariciones. Los años anteriores además de enfocar sus principales diferencias con Comodoro Py, responsable de investigar la corrupción, Fernández prometió y anunció una serie de medidas que se iban a garantizar un mejor desempeño de la Justicia pero que a la fecha siguen sin concretarse.
Uno por uno cuáles fueron esos anuncios que no se cumplieron.
Reforma judicial
El 1 de marzo de 2020 el jefe de Estado anunció que iba a enviar al Congreso la reforma de la Justicia Federal para poner fin a “la discrecionalidad judicial”.
Aquella iniciativa se centraba en la “creación de un nuevo fuero federal penal con “medio centenar de magistrados”, para licuar así el poder de los doce juzgados federales radicados en Comodoro Py. “Queremos terminar para siempre con la manipulación de los sorteos que un grupo oligopólico de jueces federales ha permitido” y sostuvo que “los problemas de Argentina no se resuelven con menos justicia sino con más y mejor justicia”, había señalado Fernández.
Nada de aquel proyecto que triplicaba los juzgados federales -unificando el fuero penal económico con el federal- logró avanzar. El mayor impedimento que tuvo el Presidente fue el de Cristina Kirchner quien el día que debía empezar a tratarse el proyecto, dijo “sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”.
Ley del Ministerio Público Fiscal
Dentro del ámbito judicial, el Gobierno también confrontó con la Procuración General de la Nación. En primer terminó criticó en diversas ocasiones a Eduardo Casal, actual procurador interino. El cargo sigue vacante porque -una vez más- Alberto Fernández se encontró en el Congreso con la falta de acompañamiento de Cristina Kirchner.
Si bien desde febrero de 2020 se encuentra enviado el pliego del juez federal Daniel Rafecas, candidato del Presidente, nunca se avanzó en la discusión porque la vicepresidenta no avaló su nombre para asumir como jefe de todos los fiscales.
En simultáneo se discutió en el Congreso, impulsada por el kirchnerismo, la modificación de la Ley orgánica del Ministerio Público que tiene media sanción del Senado y está frenada en Diputados por falta de apoyos.
El año pasado cuando inauguró las sesiones legislativas Alberto Fernández pidió que ese proyecto se apruebe. El problema radica en que el kirchnerismo quiere modificar las condiciones bajo las cuales un Procurador debe ser elegido: que deje de ser por los dos tercios del Senado al igual que un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Además, se busca modificar el tribunal de enjuiciamiento de los fiscales, entre otros puntos criticados.
La reforma no avanzó más. El gobierno no logró en dos años designar a un Procurador titular ni modificar la Ley.
Consejo de la Magistratura
Entre la batería de proyectos que anunció hace un año, Alberto Fernández incluyó el envío de un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura para “despolitizar” su composición.
Durante un año no envió nunca el proyecto hasta pocos días antes de una decisión ya anunciada de la Corte Suprema: la declaración de inconstitucional de la actual conformación del Consejo -órgano responsable de designar y destituir jueces-. El proyecto iba a entrar en extraordinarias, pero se postergó.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
El Presidente había anunciado en marzo del 2021 la modificación de la Ley de Inteligencia, por decreto, para impedir que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) realice “tareas represivas” y que posea “facultades compulsivas o funciones policiales”, además de desactivar su participación en “tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”.
En su discurso había dicho que “no habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, y calificó de “irreversible” su decisión de “terminar para siempre con los sótanos de la democracia” y postuló “construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Esa ley no se dictaminó y en diciembre pasado, Alberto Fernández renovó la intervención de la AFI por un nuevo plazo de 180 días y ratificó en su cargo a Cristina Caamaño.
La AFI se convirtió en el último año en la principal denunciante y querellante en diversos casos por presunto espionaje ilegal donde el principal acusado es Mauricio Macri y los ex directivos del organismo de inteligencia, como otros ex funcionarios de Cambiemos.
La Corte Suprema y el Código Procesal Civil
La modificación del artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial y la instauración del juicio por jurados son parte de los anuncios en materia judicial incumplidos por el gobierno de Fernández. No hay a la fecha ningún proyecto del Poder Ejecutivo para avanzar en la modificación del Código Procesal ni de los juicios por jurados en el fuero federal.
Al listado de cambios y reformas para el Poder Judicial que no se cumplieron, el Presidente sumó el paquete de proyectos destinados a delimitar las atribuciones propias de la Corte Suprema. Habló hace un año de una iniciativa que no se envió al Congreso jamás, para reglamentar el recurso extraordinario ante la Corte y establecer cuáles son las competencias del máximo tribunal “en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”.
Por otro lado, había anunciado la creación de un “Tribunal Federal de Garantías” que tendrá competencia en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario.
En aquel discurso el jefe de Estado había dicho: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
Hace pocas semanas el kirchnerismo organizó una marcha en contra del máximo tribunal, avalada por funcionarios de Alberto Fernández. En esa convocatoria se pidió la renuncia de los cuatro ministros de la Corte y públicamente en un acto, el Presidente dijo que el país no contaba con una Corte “digna”.
