El presidente Alberto Fernández ratificó hoy la necesidad de una “reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, exhortó al Congreso a revisar “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema” y exigió que los tribunales “avancen en la investigación” sobre la contratación de deuda externa durante el gobierno de Cambiemos.
“El año pasado instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, proclamó el jefe del Estado.
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Tras esa expresión, gran parte de la oposición se levantó de sus bancas y abandonó el recinto en el que Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso para 2022.
Los cuatro jueces de la Corte Suprema, presentes en el recinto, permanecieron en sus sillas cuando Alberto Fernández recordó que “en enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.
“A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares –agregó- no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”.
En ese contexto, embistió: “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.
El capítulo judicial del discurso presidencial insistió en una iniciativa postergada: “necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal”.
“Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave. Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal”, embistió.
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“Por eso –añadió- siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.
Fernández describió tácitamente las causas por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos que se iniciaron en otras jurisdicciones pero finalmente aterrizaron en los tribunales federales de Retiro.
“Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación”, indicó.
En ese contexto, mensuró: “A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron”.
“Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial”.
El Presidente se felicitó por haberlo conseguido, según su propia evaluación, y anunció el envío al Congreso de “un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia”.
“Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia. Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico. Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos. En síntesis, dije ‘nunca más’ a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos”, se ufanó.
“Es indispensable –reclamó- que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico”.
El presidente dedicó un párrafo a recordar que ya está en el Parlamento el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y prometió avanzar en “implementación del Código Procesal Penal Federal”, que asigna las investigaciones a los fiscales y deja a los jueces en el rol de controlar el respeto de las garantías constitucionales.
En ese marco, anunció: “Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”.
El Presidente también abordó la problemática de la violencia institucional, traducida en los últimos meses en casos de muertos por casos de gatillo fácil, el más destacado entre ellos el asesinato del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.
Sin aludir a un caso en particular, Fernández sostuvo que “la Argentina tiene la obligación ética de prevenir y erradicar la violencia institucional”.
Para ello, anunció el envío al Congreso de “un proyecto de Ley que establezca estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino”.
Finalmente, prometió que su gobierno mantendrá “lo más alto las políticas de memoria, verdad y justicia” para juzgar a los acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
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