Un duro fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmado este jueves por unanimidad de sus cuatro integrantes, seguramente vuelva a enfrentar al Gobierno con el Máximo Tribunal Judicial. La decisión es que el Estado debe pagarle 1.000 millones de pesos a Ciccone, la imprenta de billetes privada que fue expropiada por una ley del Congreso, en 2013, en medio de la investigación contra Amado Boudou.
La lectura política de aquel entonces fue que la norma se había impulsado para “salvar” al entonces vicepresidente, condenado años después por haber comprado la imprenta a través de testaferros.
¿Por qué la Corte decide una indemnización ahora? Porque la ley preveía un pago de 275 millones, pero que sería compensado por las deudas impositivas que tenía la compañía. Eso fue judicializado por los dueños de la empresa, que argumentaban inconstitucionalidad, y ahora el Máximo Tribunal les dio la razón.
Aquel monto de 275 millones fue actualizado y se llegó a una cifra de 1.000 millones. El argumento de la Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz es que las deudas deben resolverse por otra vía y no puede plantearse una compensación.
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