Martín Guzmán casi que no durmió. Anoche, se fue de la oficina del Ministerio de Economía, en el quinto piso, pasadas las 4 de la mañana junto a un grupo de colaboradores abocados a la revisión de los últimos trazos del entendimiento con el Fondo Monetario.
A última hora del miércoles, en el Gobierno daban por descontado que a primera hora de este jueves el proyecto de refinanciación de la deuda por US$44.500 millones con el organismo estaría presentado en la mesa de entradas de la Cámara baja.
Así lo informaron incluso desde la Presidencia de la Cámara de Diputados. De hecho, Sergio Massa convocó para este mediodía a una reunión que aún sigue en pie, con los presidentes de bloque, para definir la hoja de ruta parlamentaria en torno al proyecto.
Esta mañana, mientras Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia, anunciaba en su habitual conferencia de prensa de los jueves -esta vez desde su casa, vía zoom, por el COVID- que el acuerdo con el Fondo sería enviado al Congreso “en las próximas horas”, en Economía todavía trabajan en la revisión de los últimos detalles del entendimiento y, especialmente, en la traducción a cargo de los especialistas del ministerio. Sucede que, en Washington, los técnicos del Fondo también están abocados al mismo trabajo.
“Se mira cada palabra. Depende también de los tiempos del Fondo y de la guerra, que no ayuda”, aseguraron a este diario fuentes oficiales. El incremento de los commodities por la guerra en Ucrania era un condimento que ni Guzmán ni el Fondo tenían en carpeta para este último tramo de la negociación.
La intención del Gobierno es que el proyecto de facilidades extendidas esté este mismo jueves por la tarde o a última hora en la Cámara baja. Pero nadie lo puede asegurar.
Esta mañana, sin embargo, Cerruti confirmó que el acuerdo estaba cerrado “en los puntos sustanciales” y que los aumentos en las tarifas de gas y electricidad ya habían sido sellados con Washington en tres niveles de segmentación: usuarios residenciales que dejarán de ser subsidiados, beneficiarios de la tarifa social que tendrán un incremento del 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año pasado, y el resto de los usuarios que tendrán un alza del 80% del CVS del 2021 para bienio 2022-2023.
“Niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, resaltaron desde Casa Rosada. El Gobierno no quiere saber nada con hablar de “ajustes” o “tarifazos”. Fue una dura puja entre Guzmán y el staff del Fondo que terminó de negociarse en la madrugada del lunes, y que obligó al ministro a trasnochar durante todo el fin de semana largo.
En ese sentido, en Casa Rosada hay una creciente inquietud por el futuro del proyecto en Diputados, pero también en el Senado. Cristina Kirchner, que voló el martes directo a Río Gallegos después de participar de la inauguración de las sesiones ordinarias, tiene previsto volver este jueves a la Ciudad.
También Máximo Kirchner, que se ausentó al discurso de Alberto Fernández y cuya posición frente al acuerdo mantiene tensionados a los principales socios de la coalición de gobierno.
En las últimas horas se diferenció no solo Axel Kicillof en su discurso de apertura de sesiones de este miércoles -“La negociación con el FMI busca evitar una catástrofe”, dijo el gobernador-, si no también Eduardo “Wado” de Pedro, que envió un comunicado desde España en apoyo del mensaje presidencial.
A horas del envío del proyecto, en el Gobierno preocupa tanto la posición de Juntos por el Cambio como la del sector más combativo del kirchnerismo en torno al acuerdo. Por ahora, no hay plan B.
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