El exministro de Justicia Germán Garavano se puso este jueves a disposición de la justicia y sostuvo que son “falsas” las acusaciones en su contra en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la asistencia económica al imputado arrepentido del caso Ciccone Alejandro Vandenbroele quien testimonió contra el exvicepresidente Amado Boudou.
Garavano, exministro del gobierno de Mauricio Macri, presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini para designar al abogado Gustavo de Urquieta como su defensor, luego de que la fiscal federal K Paloma Ochoa requiriera la indagatoria del exfuncionario el viernes pasado.
“Habiendo tomado conocimiento del trámite de la presente causa, sin perjuicio de la absoluta atipicidad de los sesgados hechos denunciados, me presento y me pongo a disposición de su señoría”, escribió Garavano en una carilla que entregó hoy.
La presentación y formal designación de su abogado defensor fue “a los efectos de tomar contacto con el expediente y efectuar un descargo que refutará las falsas acusaciones que se me formulan“, continuó el exministro de Justicia.
Garavano está imputado por supuesto abuso de autoridad y administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Vandenbroele, “arrepentido” del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados.
La fiscal Ochoa reclamó su indagatoria, además de la del propio Vandenbroele, condenado a dos años de prisión en suspenso en la causa Ciccone, y la del exdirector Nacional del Programa de Protección de Testigos e imputados, Francisco Lagos, Apenas asumió el gobierno del Frente de Todos disolvió la agencia de protección de testigos que creó Macri y muchos arrepentidos salieron del programa que quedó en manos del viceministro de Justicia y ex segundo de la AFI, Martín Mena.
La fiscal acusa a Garavano por haber asistido económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de 2 años contra los 6 meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.
Garavano y Lagos, “a través del dictado de resoluciones de su competencia, que resultaron ser contrarias a la normativa aplicable, destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”, sostuvo la fiscal.
En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la que resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de “administración infiel”.
En el dictamen presentado ante el juzgado federal 11, que subroga el juez Ercolini, la fiscal detalló que a Vandenbroele, “se le brindó asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa”, y detalló que el imputado accedió a pagos en “forma injustificada”, como los 840.000 pesos para un proyecto hotelero, “Posada La Masía”, en Mendoza.
La causa se inició a partir de una publicación periodística del portal de noticias El Destape en la que se detallaban aspectos del legajo personal de Vandenbroele en el programa de protección de testigos impulsada por el kirchnerismo.
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