Aunque no hubo chicanas ni golpes bajos. el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires no se pusieron de acuerdo en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia ante el reclamo que la administración de Horacio Rodríguez Larreta trazó por la presunta inconstitucionalidad de la quita de la coparticipación impuesta por Alberto Fernández.
El Alto Tribunal dio un plazo de 30 días para que las autoridades busquen una solución en el marco de una mesa de diálogo. De no haber un acuerdo entre las partes, podría resolver la cautelar presentada por la Ciudad para frenar el recorte por el que, según estimaciones privadas, dejó de recibir unos US$ 1.368 millones en fondos federales desde septiembre de 2020, cuando el Presidente firmó el decreto por el que redujo de 3,5 a 2,32% el porcentaje de coparticipación.
El argumento que utilizó en ese momento el jefe de Estado fue que Mauricio Macri se excedió al aumentarla (desde 1,4%) a esos niveles, como compensación por el traspaso de la Policía Federal.
En medio de los tironeos con la Ciudad, que decidió judicializar su reclamo, el Gobierno optó por sumar a la política al debate e impulsó una ley que se aprobó con amplia mayoría en el Congreso, con apoyo de sectores no oficialistas.
Esa norma estableció que los fondos que la Ciudad debe recibir para mantener el funcionamiento de la Policía porteña son 24.500 millones de pesos al año, actualizables trimestralmente por un coeficiente compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC). Desde Uspallata rechazan esa cifra y piden retrotraer la situación a la previa del decreto de Fernández.
“Vinimos a reafirmar la postura del Gobierno nacional respecto al tema de discusión. Hay una ley sancionada en el Congreso Nacional por mayoría, que resuelve de una manera muy justa el financiamiento y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires”, dijo De Pedro al cabo de la reunión convocada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
De Pedro, que abrió la audiencia por el lado de Nación, llegó acompañado por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, y Sergio Acevedo, del área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.
Rodríguez Larreta estuvo secundado por el jefe de Gabinete Felipe Miguel, el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro, y el procurador porteño Gabriel Astarloa.
“Tuvimos un muy buen espacio de diálogo, con cuestiones políticas, técnicas, jurídicas y económicas, y lo que resolvió el tribunal es dar un plazo de 30 días para volver a iniciar el proceso de negociación y de consensos entre las partes”, contó el ministro camporista en un breve contacto con los medios.
Sin profundizar en detalles, De Pedro explicó que la discusión gira en torno al “valor de base que se toma para cuantificar la función de seguridad que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires”. “La discusión es cuántos fondos eran al momento a transferir y cuál es el mecanismo más justo para garantizarlo”, sintetizó.
De todos modos, admitió que “por supuesto también se discute el federalismo, el sistema de coparticipación”. En ese sentido, desde temprano en las redes sociales de “La Remisería”, la cuenta de Twitter administrada por el equipo de comunicación del Ministerio del Interior, se anunció la audiencia en la Corte Suprema con un flyer con los rostros de Wado de Pedro y de Larreta y la frase “Federales VS Unitarios”.
“No hubo avances”, coincidieron desde Nación y Ciudad ante la consulta de este diario. Al tiempo que ratificaron la predisposición para entablar la mesa de negociación que pidió la Corte. “Vamos a intentar llegar a un acuerdo”, prometió De Pedro. Por ahora, asoma como una posibilidad lejana: de ambos lados creen que hicieron bien las cuentas y, por las dudas, que sus planteos tienen sustento jurídico.
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