El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, dijo este viernes que el “poder” de la Justicia en un sistema republicano “está en aplicar la Constitución y las leyes, no en hablar difícil”.
Además, mencionó la necesidad de “procedimientos claros y rápidos, sencillos, que respeten las garantías” y cuestionó la idea tradicional de que los jueces solo hablan por sus fallos.
“Cada vez me convenzo más de que quienes asumimos responsabilidades institucionales y estamos dentro de la judicatura debemos, en ocasiones, alzar la voz y hablar más allá de nuestras sentencias”, manifestó. Fundamentalmente “cuando se trata de reivindicar la división de poderes, los valores republicanos y la independencia del Poder Judicial en sus distintos ámbitos”, sostuvo.
Por último, identificó a la Corte como “un engranaje más dentro de un sistema que posee competencias territorial y materialmente diferenciadas”, pero donde debe prevalecer una visión articulada y de conjunto “en función de una finalidad que es aplicar la Constitución y las leyes para hacer justicia”.
Un sistema que, reconoció, “tiene problemas, fallas e insuficiencias”, pero que cuenta con una “enorme proporción de gente proba, decente y capaz”.
Rosatti participó hoy en la inauguración del año judicial del Poder Judicial de Córdoba, celebrada en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales, en la capital de esa provincia.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, quien brindó la Conferencia de Apertura del Año Judicial 2022 acompañado por Domingo Juan Sesin, Aída Tarditti, Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel, María Marta Cáceres de Bollati y Luis Eugenio Angulo.
Frente a autoridades políticas provinciales, municipales y nacionales; las demás autoridades judiciales de Córdoba y representantes gremiales, educativos, de asociaciones profesionales, religiosas y de las fuerzas armadas y de seguridad de la provincia, Rosatti estuvo a cargo del cierre del encuentro. El presidente del Máximo Tribunal ratificó “el profundo compromiso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la prédica por un lenguaje claro, para que todos nos entiendan”.
El destinatario de la palabra jurídica, dijo, “es toda la comunidad”, lo cual exige “una reflexión profunda” de los jueces y las juezas respecto de “hasta qué punto es necesario el componente técnico” en sus resoluciones. “Necesitamos sentencias que se entiendan, con párrafos cortos, que expresen un razonamiento lógico y coherente”, insistió, instando a evitar “los párrafos extensos, agobiantes” y “las frases varias veces encadenadas, con ideas subalternas dentro del mismo párrafo”.
El derecho, dijo, “además de una ciencia es un instrumento de resolución de conflictos” y, como tal, “el círculo de atención respecto de los destinatarios de la palabra jurídica” se amplifica. En ocasiones “recurrimos a palabras, fórmulas, neologismos y latinazgos que expresan una falsa erudición o un atajo frente al abandono del razonamiento lógico”, pero “hay otras formas de decir el derecho que podemos recorrer”.
Rosatti enfatizó la importancia de practicar “un ejercicio constante, cotidiano, con las formas y el entendimiento del lenguaje” y cuestionó la utilización en los fallos del argumento de autoridad “como una manifestación de fuerza y no de prestigio”.
En ese sentido, insistió en que la ciudadanía en su totalidad es la destinataria de los mensajes judiciales, y no solo las partes en litigio. “El juez tiene que ser el primer traductor, el que escriba para que se entienda”, de modo tal de evitar “que la diferencia fáctica entre quienes entienden todo y quienes entienden una parte se convierta en una diferencia jerárquica”, argumentó.
“Hay muchas causales por las cuales la comunidad cuestiona el funcionamiento judicial. Hay fallas y deficiencias propias, hay incomprensiones. Invito a pensar cuántas de estas incomprensiones y fallas propias no provienen, en alguna medida, de no utilizar un lenguaje llano”, advirtió Rosatti.
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