Otro fallo se sumó a la lista de traspiés judiciales para el Gobierno porteño. Un juez de la Ciudad declaró nulo el convenio urbanístico firmado entre este y la empresa IRSA que permitía construir 20 torres de 145 metros de altura y otros edificios en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, en Costanera Sur. La Secretaría de Desarrollo Urbano anunció que apelará la medida.
El proyecto Costa Urbana prevé la construcción de un barrio con viviendas, oficinas, locales, bares, restaurantes y hotel. Incluye trayectos peatonales, un paseo costero y un parque público en una zona deteriorada hace décadas. Sin embargo, el plan fue muy resistido desde el comienzo por agrupaciones ligadas al urbanismo y el acceso a la Ciudad, que denuncian que el acuerdo va en contra de la Constitución porteña y otras normas.
Las mismas agrupaciones reclaman que la firma del convenio debió ser precedida por estudios de impacto ambiental. Es que el proyecto de Costa Urbana incluye una modificación al Código Urbanístico: la rezonificación para la construcción en altura.
“Antes de la firma de los convenios, el Gobierno de la Ciudad debió convocar a una audiencia pública, para junto a IRSA poner a disposición de los ciudadanos los estudios de diagnóstico -remarca Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad-. En lugar de eso, la empresa presentó una evaluación de impacto ambiental de 19 páginas, muy poco para abordar el efecto de tantas torres sobre un humedal y cerca de una reserva”.
Costa Urbana, el proyecto de urbanización para la ex Ciudad Deportiva de La Boca, en Costanera Sur.
Es por eso que presentaron una demanda de amparo, a la que hizo lugar el juez Aurelio Ammirato, quien este jueves emitió un fallo que anula el convenio urbanístico. La causa fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE).
Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad se defienden. “Consideramos que todo el proceso se llevó adelante en tiempo y forma. Las audiencias públicas se realizaron entre la sanción de la primera y segunda lectura tal como establece la Constitución”, destaca un vocero.
Según el fallo, esto no fue así, ya que la Constitución porteña establece en su artículo 27 que la Ciudad debe instrumentar “la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantizar su uso común”. Para las organizaciones opositoras, esto se traduce en un acceso total e irrestricto a la costa, sin torres ni otras interrupciones.
La costa a la altura de la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Foto Andrés D’Elía
Ante la exigencia judicial de estudios de impacto ambiental antes de la firma del acuerdo, el mismo vocero del Gobierno porteño resalta que “estos no se hacen sobre proyectos sino antes del inicio”, un punto real excepto en los convenios urbanísticos. El artículo 22 del Plan Urbano Ambiental (PUA) determina que las propuestas de este tipo de convenios “serán objeto de un Estudio Diagnóstico previo y de una Evaluación de Impacto final”.
Otras dos normas incumplidas según el fallo son la ley 123, que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y el Acuerdo de Escazú, que dispone que cada Estado asegure la participación del público desde etapas iniciales de la toma de decisiones.
El mentado acceso al río
La construcción del denominado barrio Costa Urbana fue aprobado a fines de diciembre con 36 votos afirmativos, 20 negativos y 2 abstenciones. Se emplaza en un terreno ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca, que dejó de usarse hace 30 años. Se trata del predio privado más grande de la Ciudad, con más de 70 hectáreas, propiedad de IRSA.
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Esa empresa se comprometió a aportar a un fondo para inversiones en infraestructura que decida el Gobierno porteño, como la recuperación del Área Central, entre otros planes. A su vez, IRSA cederá 50,8 hectáreas para crear un parque público en su futuro barrio en Costanera Sur.
Según el convenio, IRSA cederá 50,8 hectáreas para hacer un parque público.
Desde el Observatorio proponen en cambio que la costa sea 100% pública y gratuita. Un motivo es ambiental: “Por un lado, están la existencia de humedales, la decisión de que no siga rellenándose el Río de la Plata y la necesidad de no obstaculizar el flujo de vientos que ayudan a que la Ciudad no tenga un aire tan nocivo”, puntualiza Baldiviezo.
Por el otro lado, hay razones sociales: la Costanera porteña es un espacio único para dejar de darle la espalda al río y recuperar una mirada al horizonte. Una integral y no interrumpida por desarrollos inmobiliarios de una cuadra y media de alto.
NS