Tras las críticas públicas contra la suba de retenciones al aceite y la harina de soja, que pasará de 31 a 33%, Juntos por el Cambio presentó un proyecto de rechazo contra la medida del gobierno y según supo Clarín buscarán frenar la aplicación del decreto en el Congreso de la Nación.
Más de cincuenta diputados opositores firmaron el proyecto que presentó el diputado Alejando Cacace (UCR Evolución – San Luis) para que se rechace el decreto 131/22 del Presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial horas después del trunco anuncio de la “guerra contra la inflación” en la Quinta presidente de Olivos.
“El Congreso no puede avalar que el poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales”, afirmó Cacace al fundamentar su proyecto de repudio a la medida del Gobierno, que hoy fue defendida por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que calificó a la política como “temporal”.
El diputado radical que responde a Martín Lousteau manifestó que “es necesaria la intervención del Congreso y en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22”.
“Al no ser aprobado el Presupuesto 2022, por el cual el Gobierno tenía intenciones de extender incluso hasta diciembre de 2024 esas facultades, y a falta de una ley del Congreso que las establezca, a partir del día 1/1/2022 no puede haber retenciones a las exportaciones, no hay tributación sin representación”, expresó Cacace.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo de más de cincuenta diputados de JxC, entre ellos, Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz, , Maria Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Emiliano Yacobitti, Waldo Wolff, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela, Marcela Antola, Ingrid Jetter, Sofía Brambilla, Juan Martín Musacchio, Dina Rezinovsky, Alfredo Schiavoni, Karina Bachey, Gerardo Milman, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Victoria Tejeda.
La explicación de por qué el decreto debe ser rechazado es además técnica. Según explica el diputado radical en los fundamentos de su proyecto, el Gobierno Nacional no tiene las facultades para tomar la decisión debido al rechazo del Presupuesto 2022 en aquella escandalosa sesión de fines de 2021 en la que Máximo Kirchner lanzó un incendiario discurso contra JxC que derivó en una avalancha de votos negativos opositores contra el proyecto que hasta entonces iba a ser aprobado.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, explicó por qué el gobierno sube las retenciones al campo. Foto Victoria Egurza / Telam
Esto es así porque, según argumenta, hasta el 2019 el Poder Ejecutivo podía fijar los derechos de exportación con un tope máximo del 30%, ya que era una facultad que había sido delegada por el Presupuesto 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
En ese sentido, la Ley de Emergencia Económica (Ley 27.541) amplió las retenciones (derechos de exportación) al 33% y extendió la vigencia de esa facultad por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021.
“Con el proyecto de presupuesto 2022, el Gobierno tenía intenciones de extender incluso hasta el 31 de diciembre de 2024, pero al ser rechazado, esas facultades delegadas caducaron”, marca Cacace.
Ahora, el Poder Ejecutivo fundamenta su decreto en el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero). Esa norma del Código Aduanero supuestamente lo faculta a establecer los derechos de exportación. En esta lógica, el Poder Ejecutivo da cuenta al Congreso del decreto dictado (131/22) para su aprobación o rechazo bajo el régimen de la Ley 26.122.
Sin embargo, esa delegación de facultades no es tal. El artículo 755 del Código Aduanero, que supuestamente faculta al Poder Ejecutivo a establecer los derechos de exportación ha sido categóricamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de su validez constitucional, debido a que no contiene los elementos esenciales del tributo, como la determinación de la alícuota a aplicar”, desmenuza el proyecto opositor que busca frenar la suba de retenciones.
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