La suba de dos puntos en los derechos de exportación de la harina y el aceite de soja significarán, con los actuales valores internacionales, un ingreso extra de 450 millones de dólares. Se dijo, desde el Gobierno, que estos nuevos recursos servirán para fondear un fideicomiso destinado a subsidiar la harina de trigo y sus principales derivados (el pan y las pastas). Y que los aumentos de los precios internacionales de todos los commodities hacen que este incremento sea marginal: la soja pasó de 450 a más de 600 dólares en un año.
La justificación es pueril. Ese aumento de las cotizaciones implica por sí solo un aumento posible de la recaudación por retenciones de más de 2 mil millones de dólares. Recuerdo lo que ocurrió el año pasado, cuando la soja había saltado de los 300 a los 450 dólares la tonelada. Cuando muchos pensaban que el gobierno se iba a tentar con una suba de las retenciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo descartó, con el argumento de que la mejora de los precios internacionales hacían innecesario este incremento. ¿Entonces?
En otras palabras, el gobierno tenía la oportunidad de financiar el famoso fideicomiso destinando apenas el 20% de la mejora de la recaudación esperada. Pero optó por el estropicio, poniendo en jaque a los derivados de valor agregado de la cadena sojera, que ya viene complicada por la alta capacidad ociosa, una cosecha 10 millones de toneladas más baja de la esperada, y la caída de la producción de Paraguay. Conviene recordar que la soja paraguaya ayuda a mejorar el contenido de proteína de la harina de soja argentina.
Pero más allá del daño económico que provoca esta vuelta de tuerca, hay un efecto lateral que debe repararse lo antes posible. No venía bien la relación del agro con el Gobierno, y este episodio erosionó el vínculo en el momento menos pensado. Todo el mundo percibió los esfuerzos del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por recuperar al menos en parte la confianza del sector. Su presencia en Expoagro, con un discurso conciliador y una interesante convocatoria a lograr una gran siembra con alto uso de tecnología, quedó desdibujado por estos escarceos, que incluyen los tironeos con los exportadores de carnes.
Desde Agricultura plantean, por lo bajo, que esta decisión es menos mala que lo que pretendían otras áreas del Gobierno: concretamente, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, impulsaba duplicar los derechos de exportación del trigo y el maíz, llevándolos del 12% actual al 24%. Se hubiera incendiado todo, justo cuando era el momento de apretar el acelerador para aprovechar el “momentum” de los mercados internacionales. Al país le vendría bárbaro lograr una gigantesca cosecha de trigo.
Imaginemos: podríamos incrementar un 50% la superficie, sin sacrificar mucho la rotación. Con la llegada del maíz tardío, se suma una nueva alternativa a la soja de segunda en la mayor parte de la pampa húmeda. Lo que hay que hacer es garantizar los insumos críticos, en particular fertilizantes. Estaría asegurada la provisión para una siembra normal, pero si pasamos de 7 a 10 millones de hectáreas habrá que trabajar en esto. Hubo reuniones entre la gente de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y el propio ministro Domínguez para tratar esta cuestión. Argentinos, a las cosas.
El abastecimiento de fertilizantes es un tema muy crítico a nivel mundial. Castiga particularmente a Brasil, el país más dinámico del mundo en materia agrícola. Su ministra de Agricultura, Tereza Cristina, logró sentar en un zoom a todos sus pares del continente, incluyendo a Paul Vilsack, jefe del USDA. Brasil depende de los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, y planteó la necesidad de que se dejen a estos productos afuera de las restricciones comerciales.
En la Argentina, el primer paso es garantizar el flujo de gas para que las plantas de urea produzcan a capacidad plena. Un tema para nada sencillo, pero prioritario. En estas cuestiones hay que poner el foco.
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