La primera medida que tomó Beatriz de Anchorena como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública fue suspender por un mes todos los plazos administrativos que rigen en las leyes de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para realizar una auditoría sobre el período en que estuvo acéfalo el organismo.
Por esa decisión, la funcionaria -dirigente del Instituto Patria- fue denunciada por la Fundación Apolo ante el juez Sebastián Casanello.
Además, un numeroso grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto cuestionando la decisión y alertando que los plazos que fija la ley no pueden modificarse por una “decisión administrativa”, que incluso ni siquiera se publicó en el Boletín Oficial.
“La medida tomada por quien debe garantizar a los ciudadanos interesados el efectivo y transparente cumplimiento de su derecho de acceso a la información, podría perjudicar controles ciudadanos e institucionales que se basan en información pública obtenida en los plazos legales”, sostuvieron los abogados de la Fundación Apolo en la denuncia a la que tuvo acceso Clarín.
Allí plantearon que “no se advierte ninguna razonabilidad en que la autoridad encargada del cumplimiento de una ley se considere con facultades para suspender su cumplimiento. Al contrario, se trata de un verdadero disparate”, afirmaron los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, en la denuncia de la Fundación Apolo -vinculada a Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy-.
En el mismo sentido se expresaron 51 diputados de Juntos por el Cambio, que presentaron un Proyecto de Resolución para que el Gobierno informe los motivos por los cuales prorrogó los plazos contenidos en la normativa vigente y qué obstáculos tenía para cumplir con esos plazos conferidos por la ley.
El proyecto de Resolución de la diputada Karina Banfi, que contó con la firma de María Eugenia Vidal, Julio Cobos, Mario Negri y Gerardo Milman, entre otros, alerta por “el incumplimiento de los principios del derecho humano al acceso a la información pública y la garantía constitucional de la protección de datos personales”.
“La resolución que los suspende implica una violación directa de la normativa que no se puede tolerar porque lo que está en juego es es un derecho humano. Además de presentar el proyecto intimé mediante carta documento a De Anchorena para que disuelva el acto administrativo. Esta medida evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular”, aseguró Banfi, quien fue una de las diputadas que se presentó a la audiencia pública para impugnar su candidatura.
La Agencia de Acceso a la Información Pública estuvo acéfala entre enero de 2021 y el 10 de marzo de 2022, cuando fue designada De Anchorena, luego de una audiencia pública polémica, ya que carecía de conocimiento y trayectoria en temas específicos, así como por su falta de independencia del Gobierno.
Es que De Anchorena nunca había hecho ni siquiera un curso sobre temas de acceso a la información pública o protección de datos personales. Y en ese entonces, además de integrar el instituto que dirige la vicepresidenta Cristina Kircher, era la subsecretaria de Gestión Institucional de Jefatura de Gabinete.
“La transparencia en el suministro de la información es parte constitutiva de un sistema democrático. El intento de esconder los datos es parte de los regímenes oscurantistas y que se avergüenzan de mostrar la realidad a la opinión publica”, dijo Milman a Clarín. Y agregó: “Si no te puedes mostrar es porque te quieres ocultar”.
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