Causas por lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos presentó sendos pedidos ante la Corte Suprema y la Cámara de Casación para que resuelva de manera “urgente” nueve causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que tienen demoras de hasta cuatro años en la ratificación de las condenas.
Entre esos expedientes aparece la denominada “Masacre de Palomitas”, por la que está condenado un ex juez federal que se mantuvo en el cargo hasta bien entrada la democracia; expedientes vinculados con el “Circuito Camps”, en la provincia de Buenos Aires, y los juicios por el Operativo Independencia, en Tucumán.
“La avanzada edad de los imputados y condenados provoca que diariamente sean apartados en diferentes causas de todo el país por problemas de salud o que las investigaciones se vean interrumpidas por su fallecimiento”, advirtió la Secretaría. Por la Masacre de las Palomitas, el ex juez Ricardo Lona –quien renunció en 2003, acechado por un proceso en el Consejo de la Magistratura- presentó en 2018 un recurso de “queja” contra su condena y todavía la Corte no lo resolvió. Lona tiene hoy 86 años de edad.
Algo similar ocurre con la condena a tres médicos civiles en Paraná condenados por su participación en la apropiación de mellizos hijos de desaparecidos, que están a la espera de una confirmación en Corte desde 2019. Por su parte, la Cámara de Casación tiene a estudio desde 2017 y 2020 las condenas por causas conocidas como “Operativo Independencia 1 y 2.
Los nueve casos sobre los que la Secretaría de Derechos Humanos formuló el planteo con los conocidos como “Lona-Masacre de Palomitas” (Salta), “Masacre de Capilla del Rosario” (Catamarca), “Circuito Camps” y “Favero” (La Plata), “Instituto Privado de Pediatría” y “Área Paraná II” (Entre Ríos), “Chiarello Megacausa – Videla” (La Rioja) y “Operativo Independencia 1 y 2” (Tucumán).
En todos los casos, la Secretaría presentó pedidos de “pronto despacho” para acelerar el tratamiento de las apelaciones y dejar firmes las condenas, en los casos que correspondiere. La Secretaría reportó que actualmente están abiertas 268 querellas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. “Sólo durante el año pasado se presentaron 45 nuevas querellas institucionales y participó en 25 juicios orales”, reveló el organismo.
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