Una primera proyección realizada por la Universidad de la República le otorga al NO a la derogación de los 135 artículos de la Ley impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou un 49,4 por ciento y al SI el 49,2. Un empate técnico.
La opción del “No” ha recibido el espaldarazo de los votos en blanco, que se suman a esta opción, mientras que el “Sí” no recibe ni los sufragios en blanco ni los nulos; estos últimos no se agregan a ninguna de las dos opciones.
Unos 2,2 millones de uruguayos (sobre un padrón de casi 2,7) votaron en un referéndum para derogar 135 artículos de una ley en el corazón de una reforma planteada por el actual gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Representan el 84 por ciento del padrón.
La jornada transcurrió con calma como es habitual en el país en un ejercicio democrático por el que los uruguayos son especialmente admirados en la región.
El presidente Lacalle Pou votó al mediodía en el departamento de Canelones, cercano a Montevideo, y afirmó que “era un día especial” que vivía con “mucha pasión” para cuidar y defender la democracia.
Uruguay “no puede enfrentar una mitad con la otra”, señaló el mandatario, destacando que se llega aquí “con una ley que tiene muchos artículos, muchos de los cuales en el Parlamento se modificaron, muchos de los cuales en el Parlamento se votaron por todos los partidos políticos y quedan estos 135 artículos que hoy la ciudadanía en un instrumento de democracia directa tiene que decidir si quedan vigentes como el resto de la LUC o no”, afirmó a la prensa.
Los uruguayos votaron para derogar o no 135 artículos de los 476 que constituyen la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), en lo que es considerado como un test clave para el actual gobierno, una coalición centroderechista de cinco partidos, el primero de este signo tras más de 15 años ininterrumpidos de la coalición centroizquierdista Frente Amplio.
Una simpatizante del “No” espera en la entrada del sitio de votación del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Foto EFE
La ley
La LUC cambió cuestiones tan diversas que abarcan desde las condiciones para ajustar precios de combustibles hasta el rol de las empresas públicas, del Estado en la economía, la educación, el trabajo, la seguridad, el proceso penal uruguayo o la capacidad de pagar bienes en efectivo.
Además, prevé la desmonopolización de algunos servicios estatales como internet, telefonía, electricidad o hidrocarburos.
Mientras Lacalle Pou ha resaltado las mejoras logradas en seguridad pública, en educación, en materia laboral -fundamentalmente en el derecho de huelga y la regulación de los piquetes-, en regulación de adopciones o en libertad financiera, organizaciones sociales y políticas consideran que los 135 artículos en discusión vulneran importantes derechos de la población uruguaya.
“Voté por el `sí’, creo que es el voto que el Uruguay necesita, en este momento que estamos atravesando de recortes y vulnerabilidades varias y es lo que nos puede dejar en un lugar un poco mejor”, afirmó a The Associated Press, Elia Domínguez, 52 años, licenciada en educación física, que votó en Montevideo a primera hora de la tarde.
El referendo va a medir “los grados de desinformación que hay porque realmente se está viendo afectada la mayoría de la población, sobre todo la gente que menos tiene porque es un gobierno que claramente gobierna para la gente como ellos, para la gente que tiene”, señaló Domínguez.
Las críticas
“Voté `no’ y lo hice porque me parece que los cambios que propuso en su momento nos pueden llevar a un mejor país”, indicó en entrevista Matías Guillás, 25 años, científico de datos.
Para él en el referéndum se miden “la popularidad de las medidas que se tomaron, se evalúan si dieron resultados y si se cree que pueden dar mejores resultados en el futuro”.
El Frente Amplio, actualmente el principal partido de la oposición, así como sindicatos y otras organizaciones sociales promovieron el voto por el “sí”. En 2021 impulsaron una campaña para recolectar firmas para que el referendo pudiera tener lugar.
Más de 760.000 uruguayos firmaron a favor de este referéndum para derogar partes de la LUC, que fue promulgada en 2020 y que constituye la columna vertebral legislativa del gobierno de Lacalle Pou.
Además de los contenidos se cuestiona también la forma en que fue aprobada la ley, con carácter de urgencia y sin tiempo para debatir todo en profundidad, y en medio de las restricciones de la pandemia.
Para la oposición, los 135 artículos vulneran importantes aspectos de “los derechos de la gente”.
Mientras para el Ejecutivo la ley fue pensada “para el bien de todos los uruguayos”, señalando que es una “herramienta importantísima”. Para muchos, entre ellos senadores oficialistas, esta ley condensa todo su programa de gobierno.
En Uruguay los referéndums son habituales cada cierto tiempo, pero éste será considerado como una prueba de fuego a la gestión y el apoyo popular del actual gobierno, que se debate entre un revés y un espaldarazo a su gestión.
Fuente: EFE y AFP
PB