A pesar de estar gobernada por Gerardo Zamora, de origen radical, Santiago del Estero es una de las provincias más kirchneristas. Con una fidelidad absoluta a la vicepresidenta, en 2019 le otorgó a la fórmula Fernández – Fernández un triunfo con el 74,8% de los votos: en ningún distrito cosecharon ese porcentaje.
Zamora, denuncian en la oposición, conduce la provincia con mano de hierro. Y ahora, junto a organizaciones no gubernamentales pusieron la lupa sobre diversas y presuntas violaciones a los derechos humanos que denunciarán ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con un duro informe que habla de “débil institucionalidad” y en el que denuncia “torturas y muertes producidas en dependencias policiales, amedrentamiento policial y detención arbitraria de manifestantes, amenazas a los familiares de las víctimas y apartamiento selectivo de jueces y fiscales”.
“Por medio de la presente nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento una serie de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el territorio de la provincia argentina de Santiago del Estero”, inicia el informe que será presentado ante Michelle Bachelet. El documento expone “violaciones a Derechos Humanos que han sido ocasionadas, por un lado, a través de un sistema operado desde el Estado provincial que incluye a los sectores policial, judicial y político”.
La finalidad de esas acciones, concluyen, tiene como objeto “silenciar voces disidentes, proteger allegados al poder, amenazar víctimas y encubrir redes delictivas vinculadas a funcionarios públicos y sus familiares y, por el otro, a través de una serie de actos que configuran típicos casos de violencia institucional”.
Los sucesos que denuncian ocurrieron “durante y después de los años 2020 y 2021” y fueron compilados por el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad Santiago del Estero, una organización creada por las madres y familiares de las víctimas “que han agotado las instancias políticas e institucionales a nivel provincial y nacional sin obtener respuestas a sus reclamos”.
El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora. Foto Juano Tesone.
El informe sostiene que hay una “fragilidad democrática donde, además, toda voz opositora se encuentra con la estructura oficialista de la persecución o la intervención, son los/as familiares de las víctimas y sus organizaciones quienes reclaman justicia”.
Uno de los primeros aspectos detallados es el mal funcionamiento de las instituciones con una consecuencia directa. “Debilita la democracia y el Estado de derecho”, sostiene el documento. Para ejemplificar la situación hablan de “avasallamiento a la justicia federal en Santiago del Estero” donde los dos jueces federales “fueron denunciados en reiteradas ocasiones” por “favorecer al poder político”. Uno de ellos, Sebastián Argibay, declaró inconstitucional la cláusula que impedía a Zamora seguir postulándose indeterminadamente para el cargo.
Después se ocuparon de detallar que a casi cinco años de puesta en funcionamiento del Comité́ Nacional para la Prevención de la Tortura, “Santiago del Estero sigue siendo una de las once provincias de nuestro país que no tiene una ley provincial, y no ha dado ningún paso sustancial para integrar y cumplimentar el sistema”.
El detalle de casos incluye encubrimiento de hechos de corrupción como dos casos testigos para denunciar abuso de autoridad y delitos contra la libertad de expresión. En el primero de los casos se ejemplificó que a Franco, un joven de 24 años, lo asesinaron pero “simularon que se trató de un accidente de tránsito” y el joven “se encontraba descalzo y las zapatillas que aparecen en las imágenes no le pertenecían, que el cuerpo presentaba hematomas congruentes con tortura física y, a través del informe se expuso que presentaba una herida punzo-perforante en la zona mentoniana, un corte que se corresponde con un degüello con arma blanca y que ninguna de las heridas que lo llevaron a la muerte son congruentes con un accidente de tránsito, entre otras cosas”.
Se denunciaron además varios casos testigos por tortura y homicidio en comisaría policial. Un joven detenido en una comisaría que su madre denunció haber escuchado en la sede policial los gritos de tortura. “Cuatro días después de la detención, Mauro falleció́. El informe médico habría constatado lesiones en las vías respiratorias. El caso fue replicado en medios y redes sociales ya que los policías lo filmaron mientras lo torturaban y el video se viralizó inmediatamente. Allí puede constatarse que lo descalzaron, lo semi desnudaron, empaparon y esposaron a un poste en el patio de la comisaría, mientras Mauro gritaba desesperado”, detalla el informe.
Ante la gravedad de la situación, concluye el informe, “y el desamparo que pesa sobre las víctimas, el propósito de esta presentación es dar volumen a un reclamo de justicia en una de las provincias más empobrecidas y atrasadas del país, cuyos ciudadanos muchas veces no tienen las herramientas, difusión ni las posibilidades para proteger sus derechos cuando es el Estado el que los vulnera”.
