La administración de Alberto Fernández se despegó de la propuesta del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para quitar o suspender los planes de empleo a quienes corten calles. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se dispone a recibir el jueves a los referentes del frente Unidad Piquetera, que la última semana acamparon durante 48 horas en la 9 de Julio.
En el Gobierno están dispuestos a aumentar la asistencia productiva y alimentaria, pero insisten en que no habrá más altas de planes. En el medio, ya hay contactos entre Nación y Ciudad para morigerar la protesta social.
El detalle de que Zabaleta calificara como un “apriete” el accionar de las organizaciones sociales no impedirá que el Ejecutivo eleve una propuesta superadora a las organizaciones opositoras que llevan adelante un plan de lucha que incluyó dos acampes en tres semanas y que tiene en agenda otra movilización convocada para el 13 de abril. Los piqueteros de izquierda exigen reuniones previas con diferentes secretarías de Desarrollo Social antes de la cumbre del jueves.
El Polo Obreso en el acampe piquetero en la Avenida 9 de Julio la semana pasada. Foto Luciano Thieberger.
“Nunca hay que pensar en reprimir una manifestación. No existe en la cabeza de nadie, tampoco en la mía”, le había dicho Zabaleta a Clarín semanas atrás, al mismo tiempo que reclamaba un método de protesta que no incluyera el corte de calles. Esa posición no cambió en el Gobierno, aunque el ministro endureció sus palabras para con los dirigentes piqueteros.
En las últimas horas, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D`Alessandro, se comunicó con Zabaleta y con Aníbal Fernández. En el ejecutivo porteño, que la semana pasada montó un operativo para secuestrar elementos de acampe a los manifestantes, se quejan de la inacción del Gobierno.
D`Alessandro le planteó a su par nacional la necesidad de que las fuerzas federales controlen el Puente Pueyrredón y la estación de Constitución. También le pidió colaboración con materiales para los operativos, como vallas de contención.
Las carpas de los piqueteros en el Metrobus de la Avenida 9 de Julio la semana pasada. Foto: Luciano Thieberger.
En la jefatura de Gobierno afirman que sus propuestas tienen más eco en Desarrollo Social. Zabaleta les quitó el plan a los presuntos responsables de haber lanzado piedras contra el Congreso luego de que el ministerio de Seguridad porteño los identificara. “En las marchas que siguieron no hubo incidentes, porque hubo consecuencias”, sostienen.
Sin embargo, también señalan la dificultad del ministro para imponer una línea política más dura en una cartera loteada, con referentes del oficialismo que se desconfían y operan entre sí; desde el Movimiento Evita a La Cámpora y el MTE, de Juan Grabois. “Tienen una oportunidad. No estamos diciendo que no haya asistencialismo”, sostienen en la Capital.
En la intimidad, Zabaleta no se sube a la propuesta de Rodríguez Larreta. “Lo importante es ver cómo logramos redirigir la inversión social. No vamos a hacer comentarios sobre lo que dicen otros”, dicen sus colaboradores.
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Aunque no adelantan los detalles, en el ministerio nacional apuran el envío de más materiales para el banco de herramientas que ya se destinaron a 57.300 titulares con una inversión de $4.800 millones. El Ejecutivo nacional pretende que los referentes de las organizaciones de izquierda trabajen en más unidades ejecutoras de construcción. En particular, en las obras en 69 barrios populares, que obligaron a una inversión de $88.104 millones de la secretaría de Integración socio urbana que dirige Fernanda Miño, del MTE.
Acampe piquetero en la Av. 9 de Julio el 1 de abril. Foto: Luciano Thieberger.
En el Polo Obrero, la organización más convocante y combativa entre las que acamparon la semana pasada, sostienen que para ese tipo de tareas no pueden suplantarse a los trabajadores formales con convenio. La mayoría de sus unidades ejecutoras, según confían desde las organizaciones y el Gobierno, se dedican a la atención en comedores populares. “El Gobierno dice que no otorga más planes. ¿Qué hacemos con el pobre que reúne las condiciones para un plan y no consigue trabajo? ¿Le decimos que se meta en el narcotráfico?”, ironizó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.
En algunos sectores del Evita cayeron mal las palabras de Rodríguez Larreta y también las de Zabaleta, que el lunes habló de apriete. “Es un disparate, ni Larreta con sus dichos, ni la extorsión que expresó Zabaleta apuestan a generar un clima de paz social. Hay 18 millones de pobres, 7 millones en la economía popular, 4 de ellos registrados en el Renatep, y solo 1,2 millones en el (programa de empleo) Potenciar Trabajo. El problema es el modelo económico que la dirigencia política de todos los partidos no se anima a cuestionar”, exponen.
En la Unidad Piquetera no desconocen que el humor social no acompaña los métodos de protesta social, tal como muestran las encuestas encargadas por el Gobierno. Sin embargo, enfatizan que su reclamo también es en contra del ajuste que sufre la clase media. En la Ciudad insisten en que los reclamos sociales con miles de manifestantes no pueden resolverse con políticas de seguridad, pero advierten que -si el Estado no hace nada- se corre el riesgo de que haya enfrentamientos entre vecinos.
En público, el secretario de Economía Social de Desarrollo Social Emilio Pérsico, máximo referente del Evita, está alineado con la idea del Ejecutivo de no aumentar el universo de planes. En privado no todos piensan igual. La organización oficialista con cargos sensibles en el Estado impulsa el monotributo productivo, aumento de créditos no bancarios y potenciar los circuitos de comercialización del sector para dar un salto de calidad.
“Es muy probable que el presidente avance en la institucionalización de la economía popular”, sostuvo Pérsico en declaraciones a Metro, justo cuando vuelve a ponerse en el tapete la idea de crear un ente autárquico que maneje las diferentes áreas del sector, una propuesta que viene desde 2019 y que La Cámpora resiste.
