La voluntad de gestar cambios en la polémica Ley de Alquileres es común a varios sectores. Sin embargo, dos de los aspectos que se están evaluando para adecuar la nueva legislación concentran un particular rechazo entre las inmobiliarias.
Las empresas están en contra de la aplicación de un impuesto que grave las viviendas ociosas o vacías y la posibilidad de que los montos de los alquileres tengan un tope y escapen, así, al libre pacto entre inquilinos y propietarios.
En este sentido, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), la entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, junto a más de treinta cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país presentaron un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En ese documento, las inmobiliarias piden al Congreso “el inmediato debate para modificar la Ley de Alquileres”, lo que sucederá este martes a la tarde, cuando empiece a ser considerada en Comisión.
Y señalan como “nocivo” el denominado “impuesto a la vivienda ociosa” o la fijación de un tope a los valores de los alquileres.
“No podemos dejar de poner énfasis en el desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada “vivienda ociosa” o “un tope al valor del canon locativo”, que en nada contribuirá a incrementar la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, sino por el contrario, en función de las marchas y contramarchas que este tema ha suscitado en la sociedad, solo podría profundizar el retiro de la oferta de un mayor número de unidades, acrecentando la actual problemática, reorientando los ahorros de los argentinos a otro tipo de inversiones“, consignó el texto.
Volver a contratos de dos años
En el texto, las entidades plantean que es necesario reformar en forma urgente los plazos de contrato y la actualización de los valores. Proponen retornar al sistema de contratos a dos años, y permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores.
El documento finaliza diciendo que hay que atender la crisis del sector inmobiliario nacional mediante el aumento de la oferta de inmuebles. Por lo que postulan “implementar políticas de fomento a la inversión en unidades destinadas para uso exclusivo de alquiler”. Y agregan que “es necesario facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos blandos”.
El texto fue firmado, además del CPI, por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), y cámaras sectoriales y colegios de corredores inmobiliarios de distintas provincias del país.
“Este es un hecho histórico para el sector”, dice Marta Liotto, presidenta del CPI. “Las instituciones estamos unidas como nunca antes, y este documento es la prueba más clara de la unanimidad de criterios que hemos alcanzado en la búsqueda de soluciones para los inquilinos, propietarios y los profesionales inmobiliarios”, concluyó.
Debate parlamentario
La presentación del texto se da en el marco del inicio del debate parlamentario de la reforma al marco legal para el mercado de alquileres, después del contundente fracaso de la actual Ley.
La norma, que comenzó a regir en julio de 2020, tuvo como consecuencias un retiro masivo de unidades y un astronómico aumento de los valores de los alquileres.
Tras la presentación de esa nota, los representantes de las inmobiliarias participaron un encuentro con los referentes del Interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, que también tiene presentado su propio proyecto para reemplazar a la actual ley 27.551.
NE
