Impsa, la empresa metalúrgica que fue adquirida en forma conjunta por el Estado nacional y la provincia de Mendoza, se encuentra en plenas negociaciones con Venezuela para retomar los trabajos que quedaron inconclusos en 2013.
Entre ellos se encuentra la obra de US$ 1.390 millones que en su momento se discontinuó por incumplimientos de pago, contribuyendo a la entrada en default de la firma local.
Fuentes de la compañía revelaron que se firmó una adenda que reforzó la validez del contrato original y confirmó la voluntad de Venezuela de seguir adelante con el proyecto.
“Continuamos con reuniones a nivel técnico operativas para avanzar en retomar los trabajos. Cuando se firme una nueva adenda con Corpoelec (la empresa contratante), con nuevos acuerdos contractuales respecto del inicio específico de los trabajos, se comunicará oficialmente”, adelantaron.
En detalle, el contrato original prevé la provisión de diez turbinas Kaplan de 223 MW, reguladores de potencia, diez generadores de 230 MVA y otros equipos para la Central Hidroeléctrica de Tocoma, Estado de Bolívar, por un total de U$S 1.390.040.715.
Las deudas vigentes
En el último informe de Estado Financiero de Impsa, firmado por su presidente, Marcelo Kloster, se indica que el 95,31% del saldo de créditos por ventas al 31 de diciembre de 2021 se deriva de sus contratos con Corpoelec (ex “Edelca”).-
Esa es la operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
“A partir del ejercicio 2013 se ha visto afectada la capacidad de Corpoelec para cumplir con sus obligaciones en los plazos contractualmente pactados”, señala el escrito.
En 2016 Impsa inauguró una nueva planta de generadores eólicos.
El informe precisa que al 31 de diciembre de 2021 los saldos facturados vencidos impagos por parte de la empresa venezolana ascienden a $ 2.895,8 millones.
“La Sociedad ha venido realizando diversas acciones con el fin de obtener la cancelación de dichas acreencias. El Directorio de Impsa considera que, atento a que las recientes negociaciones con Corpoelec han tenido avances significativos, percibirá la totalidad de los créditos mencionados”, aseguraron desde la compañía.
Por lo pronto, los saldos remanentes a cobrar de Corpoelec (netos de la provisión para cuentas de dudoso cobro) ascienden a $ 10.222 millones, que representan el 25,54% del total del activo de la sociedad al 31 de diciembre pasado.
“Las fechas en que serán cobrados esos créditos y las condiciones en que se perciban no se pueden prever. En consecuencia, no nos es posible determinar si será necesario efectuar algún ajuste sobre dichos importes”, aclararon.
El camino al default
El 15 de septiembre de 2014, Impsa informó a través de la Comisión Nacional de Valores la decisión de posponer los pagos de capital e intereses de la totalidad de sus deudas financieras.
Los fundamentos de tal decisión se relacionaron con los atrasos en las cobranzas a diferentes clientes, principalmente por las obras iniciadas en Venezuela -con la Central Hidroeléctrica de Tocoma a la cabeza- y en Brasil.
Otras noticias
En este último caso se destacó la cesación de pagos de Wind Power Energia (WPE), sociedad brasileña que era entonces afiliada de Impsa. “La empresa del país vecino fabricaba aerogeneradores, y Brasil era un gran mercado para proyectos hidroeléctricos y eólicos. Esa empresa tuvo una serie de problemas, que van desde faltas de pago hasta inconvenientes tecnológicos de una licencia para aerogeneradores en Alemania”, detallaron fuentes de Impsa.
“En 2014, WPE entró en convocatoria en Brasil con una deuda de US$ 850 millones que estaba garantizada por Impsa, lo que se sumó a otra deuda previa de US$ 250 millones. Eso generó una situación compleja que nos forzó a entrar en default, e inmediatamente iniciamos una reestructuración privada, pero sin entrar a convocatoria, que fue lo que nos mantuvo vivos”, explicaron.
Desde mayo de 2021 el Estado nacional es dueño del 63,7% de Impsa.
Años más tarde, en mayo de 2021, el Gobierno capitalizó Impsa por un total de US$ 20 millones. El Estado nacional aportó $ 1.362.900.000, por lo que su participación accionaria pasó a ser del 63,7%, mientras que Mendoza aportó $ 454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones.
El porcentaje restante (15,1%) permanece en manos privadas: un 9,8% de las acciones en un fideicomiso de acreedores y otro 5,3% al fideicomiso de Pescarmona, la familia fundadora.
Otros trabajos inconclusos
El parate de actividades que se dio en Venezuela en el 2013 incluyó a otras obras contratadas por Corpoelec. Si las negociaciones continúan por buen curso, no se descarta que se reinicien también esos proyectos.
Uno de ellos consiste en la reconstrucción de la planta generadora de energía hidroeléctrica Macagua I, ubicada sobre el Río Caroní en la ciudad de Puerto Ordaz. De acuerdo al último informe de Estado Financiero de Impsa, la obra tendrá un costo de US$ 484 millones y contempla el diseño, provisión, montaje y prueba de seis nuevos generadores, su equipamiento auxiliar y la instalación y equipamiento de los laboratorios para pruebas hidráulicas y eléctricas de media tensión.
Por otro lado, está pendiente la rehabilitación de las descargas de fondo de las represas La Vueltosa y Borde Seco, como así también los trabajos de toma de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. El monto de dichos contrato es de aproximadamente US$ 65,8 millones.
Por último, en la Central José Antonio Páez, Impsa trabajaba en la provisión de cinco rodetes tipo Pelton. El monto del contrato original es de aproximadamente US$ 9,6 millones e incluye la provisión de equipos auxiliares y la modernización del sistema de comunicación, detallaron desde la compañía.
NE