Las imágenes apocalípticas de cuerpos tendidos en el barro entre tanques retorcidos, muros carbonizados y árboles astillados en Bucha y otras ciudades ucranianas hablan de la brutalidad de la guerra que inició Vladimir Putin. La certeza de que más horrores de este tipo, muchos más, saldrán a la luz a medida que las tropas rusas se retiren, pide a gritos una rendición de cuentas.
El presidente Joe Biden reclamó un juicio por crímenes de guerra y el presidente Emmanuel Macron de Francia declaró que había indicios “claros” de crímenes de guerra. Human Rights Watch informó de casos documentados de violaciones y ejecuciones sumarias. Los investigadores ucranianos e internacionales ya han comenzado a recoger pruebas y entrevistar testigos. Es imperativo que ese trabajo se realice con prontitud y escrupulosidad.
Puede parecer excesivamente legalista analizar las pruebas o interrogar a los testigos mientras innumerables civiles están agazapados en su casa esperando contra toda esperanza que los proyectiles rusos no impacten en su edificio. La idea misma de que la guerra puede tener reglas, de que hay formas correctas de infligir muerte y destrucción a un enemigo, es difícil de entender, y procesar a los comandantes conlleva el riesgo de que esto parezca la justicia del vencedor.
Durante al menos 75 años, la comunidad internacional ha realizado un esfuerzo real pero incompleto para definir las guerras de agresión no provocada como crímenes en sí mismas. En palabras del tribunal de Núremberg: “Iniciar una guerra de agresión, por lo tanto, no es sólo un crimen internacional; es el crimen internacional supremo que sólo se diferencia de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto”.
Cuerpos de civiles asesinados en Bucha, Ucrania. Foto AP
El agresor
En Ucrania, no hay duda de que Rusia es el agresor, de que Bucha, la ciudad ucraniana que había sido ocupada por las fuerzas rusas durante cinco semanas – y Mariupol, y Járkov, y Chernihiv y Kiev y decenas de otras ciudades y pueblos – estaría festejando pacíficamente la primavera si Putin no hubiera ordenado una guerra no provocada para satisfacer sus ambiciones de crear un imperio y la destrucción de una nación vecina.
La resistencia de Ucrania es incuestionablemente defensa propia, y las naciones del mundo están en su derecho de imponer sanciones a Putin y su país. Los países interesados también tienen derecho a ayudar a armar al ejército ucraniano, aunque sólo sea para que el precio de la agresión sea tan alto que él, o al menos los que lo rodean, entren en razón.
Sin embargo, el mundo también ha identificado crímenes que son inaceptables incluso en la niebla del combate. Reunir y documentar objetivamente pruebas es una forma potente de abrirse paso entre el fango y preservar la posibilidad de que alguien pueda rendir cuentas algún día.
Ofrece la posibilidad, aunque sea escasa, de que algún día un juez declare ilegales las órdenes de disparar contra un pueblo o un hospital y que esa sentencia legal pueda servir algún día de elemento disuasorio en la próxima guerra. Las investigaciones sobre crímenes de guerra son una poderosa herramienta política que puede utilizarse para poner de relieve la dignidad de las víctimas y la ilegalidad de los invasores.
Tras la Segunda Guerra Mundial surgió una serie de leyes penales internacionales, la más famosa de las cuales es la Convención de Ginebra de 1949, cuyo objetivo es responsabilizar personalmente a los combatientes de los crímenes de guerra, como la matanza intencional de civiles, la tortura, la destrucción gratuita de bienes, la violencia sexual, el pillaje o el reclutamiento de niños. Otras medidas comprenden la Convención sobre el Genocidio y las leyes que prohíben los crímenes de lesa humanidad.
Las pruebas
Las acciones del ejército ruso dan toda la impresión de violar esas normas y ya se han iniciado investigaciones en la Corte Penal Internacional y otros tribunales. El bombardeo indiscriminado de ciudades y pueblos, las matanzas evidenciadas por las fosas comunes descubiertas en Bucha y el bombardeo de un teatro en Mariupol son algunas de las muchas acciones que podrían considerarse crímenes de guerra.
Otras noticias
Toda la invasión parecería un crimen de agresión, que presumiblemente alcanzaría a Putin. Si se determina que estos crímenes forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil basado en una política de Estado, también podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Rusia – que quede claro – dice que las atrocidades de Bucha son todas un montaje. Y es muy posible que los investigadores encuentren pruebas de atrocidades cometidas por las tropas ucranianas contra rusos o colaboradores. Razón de más para llevar a cabo una investigación minuciosa.
Hacer justicia – recopilar pruebas, garantizar un procesamiento, celebrar un juicio justo – es difícil, largo y caro. Por ello, son pocos los casos de crímenes de guerra que dan lugar a un castigo.
Aunque la CPI puede iniciar el enjuiciamiento de cualquier acto de genocidio, crimen contra la humanidad o crimen de guerra por sí misma, una acusación por el crimen de agresión – el más aplicable a Putin y sus lugartenientes – tendría que ser iniciada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde recibiría el veto seguro de los rusos. Además, Rusia no reconoce a la CPI y no entregaría a los sospechosos.
Ucrania tampoco es parte del tratado que estableció el tribunal, pero le ha permitido tener competencia en los crímenes cometidos en suelo ucraniano. Estados Unidos, por su parte, tiene su propio historial de hostilidad hacia la CPI y, al acusar a Putin de crímenes de guerra, Biden no dejó en claro qué foro debería encargarse del enjuiciamiento.
Sin embargo, ninguno de estos obstáculos debería impedir la búsqueda de justicia. Aunque el proceso sea difícil y se prolongue durante meses y años, es importante que a la historia le quede un registro forense creíble, verificado y procesado judicialmente de los crímenes específicos cometidos en Ucrania. Hay que nombrarlos, especificar las acciones y, si es posible, encerrar a los culpables.
El hecho mismo de que Rusia argumente que todas las atrocidades fueron inventadas requiere una respuesta judicial detallada e incontrovertible.
El gobierno de Biden y sus aliados han hecho un trabajo admirable al rebatir la propaganda del Kremlin con información certera. Un registro fidedigno de los crímenes de guerra serviría para ese mismo propósito en el futuro.
Sería bueno que el gobierno de Biden encontrara la manera de cooperar con la CPI en la recopilación de pruebas, aun cuando la ley le impida ayudar a financiar ese esfuerzo. Hay otras opciones: se podría crear un tribunal especial sin el respaldo de la ONU, y varias naciones, entre ellas Estados Unidos, podrían reclamar jurisdicción universal y celebrar sus propios juicios.
Pero demasiadas investigaciones también diluirían el impacto público del proceso legal y ningún tribunal tiene la autoridad o el mandato de la CPI.
Se haga como se haga, la búsqueda de justicia contra Putin y otros responsables de crímenes de guerra en Ucrania es un objetivo de largo plazo. Rusia no se está retirando. Está reposicionando sus fuerzas para un ataque en el este. Y la participación de Rusia en las vacilantes conversaciones de paz parece cada vez más una estratagema.
Los horrores de Bucha han hecho que se hable de ofrecer a Ucrania armas más mortíferas y de imponer aún más sanciones. Éstas deben ser el centro de los esfuerzos de Occidente para ayudar a Ucrania.
Pero también es imperativo asegurarse de que las horrorosas pruebas de las atrocidades criminales expuestas en Bucha y tantos otros lugares se recojan con prontitud mientras todavía están allí y que se interrogue a los testigos mientras sus recuerdos aún están en carne viva. La posteridad debe saber lo que realmente ocurrió. Hay que dar una oportunidad a la justicia.
PB
