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Con el objetivo de tratar una nueva Ley de Alquileres a principios de mayo, la Cámara de Diputados de la Nación inició hoy el debate en comisión de los proyectos presentados, con la exposición de representantes de los sectores inmobiliario e inquilinos, que dieron sus visiones sobre cómo debería ser la próxima normativa.
Los legisladores comenzaron el análisis de las iniciativas en el marco de la Comisión de Legislación General, que quedó formalmente constituida la semana pasada pasado bajo la presidencia de Cecilia Moreau (Frente de Todos).
El encuentro se llevó a cabo con más de 40 invitados para exponer, y luego pasó a cuarto intermedio hasta la semana próxima. Seguirá con reuniones informativas los martes 19 y miércoles 20.
La ronda de oradores la abrió Giovanni Tessaro, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor de Chaco, quien se refirió a la problemática del alquiler para los jóvenes estudiantes, quienes en la mayoría de los casos “optan por contratos que no cumplen con la Ley de Alquileres” porque “aportan un aumento semestral, a raíz de que les brinda mayor seguridad y previsibilidad al momento de la contratación”. Por eso, pidió contemplar “la perspectiva joven” y subrayó que “es necesario regular los precios de los alquileres que son onerosos”.
Desde la misma provincia, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, señaló que “salvo algunos puntos acertados o clarificadores”, la norma “no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso a la locación, a la continuidad de las relaciones locativas en forma ordenada”. Sino que por el contrario “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores iniciales y tornó menos previsibles y menos flexibles las condiciones contractuales para ambas partes”, agregó.
El expositor defendió el plazo de dos años en los contratos, como era anteriormente, uno de los puntos que generó más polémica con la actual ley que ahora busca ser reformada.
“Acusaba menos dificultades para encontrar un equilibrio entre las partes”, señaló y observó que “el aumento único y anual”, determinado por la ley votada el año pasado, “impide una gradualidad que acompañe incrementos salariales”.
Roberto Díaz, de la Unión Inquilinos Rionegrina, advirtió que en su provincia “hay personas que están viviendo en carpas, en autos, en colectivos” y “personas que se tuvieron que ir” de sus ciudades.
“La mitad de los contratos no están cumpliendo con la ley. La mitad de los inquilinos se queja de que los contratos que se están firmando son con aumentos semestrales”, reveló y denunció que hay “aumentos entre el 100% y 120%”.
Por su parte, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, detalló que en 2021 se recibieron “1.181 denuncias provenientes de inquilinos e inquilinas de nuestra ciudad”, dentro de las cuales “5 de cada 10 relatan incumplimiento a la Ley de Alquileres vigente”.
En esa línea, apuntó que habría que preguntarse “si es que la ley fracasó, no funciona; o que la ley no se está cumpliendo y hay sectores que están haciendo lo posible para que esto no se cumpla”.
Entre las denuncias, los inquilinos hablan de “cobros indebidos a la discriminación de expensas que la ley estipula”, también la firma de contratos por un plazo menor y el “incumplimiento sobre el artículo de las reparaciones urgentes”, precisó Salinas.
Gabriela Ortiz de Urbina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, sostuvo que la norma “afectó principalmente por el tema del plazo y el incremento”. “Los 36 meses en nuestra economía, en la economía argentina, es demasiado tiempo”, argumentó sobre el plazo de los contratos, mientras que remarcó que “no existe ningún otro producto o servicio que se ajuste una sola vez al año” con la inflación que hay en el país.
A su turno, el vicepresidente del Colegio de Corredores inmobiliarios de Santa Fe, Flavio Tomatis, planteó: “Consideramos que la legislación debería sufrir al menos dos modificaciones. El plazo y el acuerdo entre las partes de poder reajustar semestralmente”.
Cesar Lera, presidente de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, recordó que “el inquilino es la parte débil del contrato” y señaló que en esa provincia “un alquiler arranca en 20 mil pesos -un ambiente dependiendo la zona, sin contar gastos de expensas-, mientras que el salario inicial de un docente es de 49 mil pesos”.
“Para vivir en esa propiedad necesita 20 mil pesos de alquiler, 6 mil de expensas, sellado, mes de depósito de 20 mil y honorarios del escribano. Es decir, 79 mil pesos para ingresar cuando gana 49 mil”, redondeó.
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