Expectantes de lo que ocurra el lunes con la conformación del Consejo de la Magistratura, tanto en el oficialismo como en la oposición analizan estrategias parlamentarias y acciones judiciales. Con argumentos opuestos, ambos polos de la grieta hablan de “golpe institucional” y “conflicto de poderes”.
Como no logró aprobarse aún la nueva ley de reforma del organismo encargado de seleccionar y destituir jueces, el fallo de la Corte Suprema ordena que a partir del lunes se vuelva a la composición vieja -regida por la ley de 1997- que estipula un cuerpo de 20 miembros y la presidencia a cargo del juez del Máximo Tribunal, actualmente Horacio Rosatti.
Para eso deben sumarse 7 consejeros: ya eligieron a sus representantes extras los abogados, jueces y el lunes -envueltos en polémicas- lo harán los académicos.
Pero faltan todavía los 2 consejeros de los legisladores -un diputado y un senador- que le corresponden a la oposición y deben ser designados por resolución de los titulares de ambas cámaras, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Desde Juntos por el Cambio ya les exigieron, vía carta, que nombren a sus elegidos: Luis Juez y a Roxana Reyes.
Desde el entorno de la vicepresidenta – que desde el inicio apuntó que la Corte no tiene potestad para reponer una ley vieja- adelantaron que no lo haría porque eso sería “convalidar un fallo inconstitucional”. “El lunes no debería pasar nada, salvo que la Corte al estilo Rambo consume un golpe institucional y asalte por la fuerza al Consejo”, había señalado el senador Oscar Parrilli a este diario.
En esa línea, en el kirchnerismo más duro aseguran que como la Corte es el órgano más alto de la Justicia argentina y no hay dónde apelar sus decisiones. Entonces, no descartan recurrir a organismos internacionales, como la Corte Interamericana o Nacionales Unidas. Desde Diputados, legisladores K amenazan con iniciar un juicio político contra los jueces del Máximo Tribunal, aunque saben que no tienen los números para hacerlo.
El líder del Frente Renovador se aferró, hasta ahora, a la pre cautelar que un juez federal de Entre Ríos aceptó- a pedido de un diputado del Frente de Todos- para dilatar el nombramiento de la postulante radical. Pero no confirma qué hará si la Corte anula esa cautelar.
En su entorno señalaron que el lunes se reunirá con el constitucionalista, Andrés Gil Dominguez -que se mostró crítico del fallo de la Corte- y que buscarán conformar la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Apuestan a que ese sea, en todo caso, el ámbito que evalúe y resuelva el accionar de la Cámara, de acuerdo al escenario que se abra el lunes.
“Si Rosatti preside el Consejo de la Magistratura estamos en un conflicto de poderes“, afirmó el diputado Marcelo Casaretto, iniciador de la cautelar.
Además, Massa prevé convocar a los jefes de bloque de la oposición para “evaluar” posibles mecanismos a seguir.
“No hay nada que evaluar. El fallo, les guste o no, es un fallo con sentencia firme del máximo tribunal. Si no lo acatan una sentencia de la Corte sería un golpe institucional“, apuntan desde Juntos por el Cambio, que también prepara acciones judiciales para intimar a que Cristina y Massa dejen de “obstruir” el funcionamiento del Consejo y nombren a los representantes que les corresponden.
“El lunes seguro iremos por todas las acciones. Se han alzado contra la Corte y ese juez merece el juicio político”, declaró el jefe de bloque radical, Mario Negri, en alusión al juez de Paraná, Daniel Alonso.
“Cristina Kirchner y Sergio Massa están ingresando en un conflicto de poderes”, advirtió a Clarín Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados.
Las estrategias judiciales, aseguran, están en análisis. Más allá de un proceso penal o disciplinario contra el magistrado entrerriano, no descartan que los legisladores afectados o los partidos inicien acciones en el plano contencioso administrativo.
“Lo cierto es que si estos lugares les correspondiesen al oficialismo en este momento los legisladores ya hubiesen sido designados“, considera el consejero de la magistratura Diego Marias y agrega: “Estamos esperando que la Corte devele como será la transición hacia la nueva conformación. El Poder Judicial necesita certezas y es el alto tribunal el único q esta en condiciones de brindarlas”.
La semana pasada el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo, pero en Diputados solo tuvieron 4 días hábiles para tratarlo en la Cámara Baja, donde no están ni conformadas las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia que deberían debatirlo. Por eso, desde el inicio el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, le pidió a la Corte extender los plazos.
Otras noticias
