En marzo de 1997, los jóvenes legisladores Miguel Angel Pichetto (PJ) y Elisa Carrió (UCR) eran presidente y vicepresidente de la comisión dela estratégica Justicia de la cámara de Diputados.
De pronto, les cayó un tema caliente en las manos: la media sanción de una polémica ley de creación del Consejo de la Magistratura que le daba mayoría al gobierno de Carlos Menem.
En ese momento había comenzado el declive político del entonces presidente Menem y crecía la posibilidad de una alianza entre el Frepaso de Chacho Alvarez y la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín. Y sobre todo la oposición a ese proyecto.
Entonces, Pichetto comentó a los miembros de su bancada, presidida por Jorge Matzkin, que “era insostenible” en la cámara baja el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura, como había sido aprobado por la mayoría menemista del Senado.
Entonces, junto con Carrió, durante un año empezaron a convocar a juristas, representantes de la Asociación de Magistrados, de la Federación de Colegio de Abogados y de la academia para cambiar el proyecto que tenía media sanción, recordó en una entrevista con Clarín.
Pronto, se sumaron a la cruzada los diputados peronistas Carlos “El Gringo” Soria -padre actual del ministro de Justicia y militante ultracristinista Martín Soria-, y César Arias, los radicales Melchor Gurruchaga, Federico Storani y Juan Gauna y el jefe del interbloque provincial Alberto Natale y otros para sumar consensos.
Carrió, que había sido convencional constituyente en 1994, redactó los cambios al proyecto (fundamentalmente el número “mágico” de 20 miembros”) y consiguió que el presidente del partido radical, Rodolfo Terragno le diera vía libre para conseguir más apoyos.
Los que habían sido constituyentes tenían en claro que la reforma constitucional hablaba de “equilibrio” entre los representantes del gobierno y el congreso con los de los jueces, abogados y académicos.
“Hicimos muchos ejercicios teóricos con 13 ó 17 miembros y entendimos que 20 era el número del equilibrio”, contó Carrió a TN. También introdujo la representación de la tercera fuerza del Congreso para que entrara el FREPASO de Chacho Alvarez, aunque “estaba en contra del proyecto”.
La líder de la Coalición Cívica subrayó que “dejamos la presidencia de la Magistratura en el presidente de la Corte, a pesar de que en ese momento era el menemista Julio Nazareno porque se legisla para la historia no para un momento político”.
Así se aprobó un dictamen por mayoría y el 13 de marzo, con los dos tercios de los votos en Diputados, se aprobó una ley correctiva del proyecto del Senado. La iniciativa volvió a la cámara alta.
Al mes siguiente, la Iglesia católica se sumó al reclamo para que se cree el Consejo de la Magistratura como disponía el espíritu de la reforma constitucional de 1994.
Ya había un retraso de más de dos años en un tema estratégico que Alfonsín había incorporado al Pacto de Olivos.
Antes de este acuerdo que acortó a 4 años los mandatos presidenciales y permitió la reelección de Menem, los jueces los proponían al presidente luego de un toma y daca entre los bloques de diputados del peronismo y el radicalismo, sin dar ningún tipo de examen a los candidatos, excepto que fueran abogados.
Así por ejemplo fue elegido el polémico juez Norberto Oyarbide.
En mayo el presidente del bloque de senadores del PJ, Augusto Alasino (quien respondía a Menem) separó a Cristina Kirchner de la bancada. El presidente provisional del Senado, Carlos Ruckauf, se opuso a echarla de ocho comisiones del Senado por una cuestión reglamentaria. Cristina formó un minibloque aparte con el otro senador por Santa Cruz, Felipe Ludueña.
“Por ese entonces ella se oponía a todo lo que venía del gobierno de Menem. La separamos del bloque porque en una exposición de Oscar Camilión en el Senado, ella le pidió la renuncia en plena sesión”, recordó el ex senador Jorge Yoma a Clarín.
Efectivamente, esa semana, la senadora por Santa Cruz había pedido la renuncia del entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, por la investigación de Clarín sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
“Ya veníamos calientes con sus posturas cercanas al Frente Grande“, añadió el ex legislador riojano.
Molesta, Cristina dijo que había votado “todas las leyes de transformación económica” de Menem pero que “el bloque del PJ no es un regimiento, ni Alasino un general ni yo una recluta”.
La entonces senadora por San Cruz dijo que echarla era una “decisión fascista, más típica de un soviet que de un partido democrático”.
Se oponía a insistir con el proyecto de la mayoría menemista del senado y apoyaba los cambios que la había introducido la cámara de Diputados.
En una sesión del 1° de julio de 1997, Cristina pidió la palabra y recordó que había votado el proyecto original del Senado “excepto el artículo 2°, el cual voté negativamente” y se trenzó en un duro debate con Alasino.
Mientras Eduardo Menem pedía respeto, Cristina y Alasino intercambiaron pedidos cuestiones de privilegio y otras chicanas.
Y dijo que el proyecto de Diputados sobre la “Magistratura que no solamente mejoró en forma sustancial la formulación técnica que habíamos hecho nosotros sino que, además, la dotó de algo muy importante: el consenso, por aquello de Santa Fe y de cómo se deben desarrollar determinados temas”.
El 14 de mayo, Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Meijide, el presidente de la UCR, Rodolfo Terragno, el entonces senador radical y hoy diputado ultracristinista Leopoldo Moreau, Carrió, Leopoldo Bravo, Ricardo Gil Lavedra y Arnoldo Kleiner dieron una conferencia de prensa conjunta para que el Senado vote las reformas que en marzo introdujo la cámara de Diputados.
Para sorpresa de todos del evento participó Cristina Kirchner.
Ante el consenso logrado en diputados, el apoyo de los colegios de abogados, de la asociación de magistrados y la opinión pública, el Senado votó por unanimidad el 10 de diciembre de 1997 los cambios que Diputados introdujo en la ley pasando a 20 el número de miembros, con la presidencia de la Corte. Días después Menem lo reglamentó y lo puso en marcha.
Eduardo Angeloz no votó porque estaba suspendido y Cristina tampoco porque había renunciado para pasar a ser diputada nacional.
Nueve años después, Cristina hizo un giro conceptual de 180° grados, reformó la ley de 1997 y le dio mayoría al gobierno de turno -entonces el de su marido- en el Consejo de la Magistratura.
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