Los recurrentes viajes de lujo a Miami y Las Vegas del procesado juez federal de Mendoza Walter Bento y su familia, siguen deparando sorpresas. Los investigadores de la causa por cobrar sobornos para favorecer a presos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el poderoso juez mendocino tienen pistas firmes de que puede haber cuentas en el exterior y tarjetas de créditos para financiar ese estilo de vida.
De acuerdo con la investigación que comenzó en diciembre de 2020, Bento estuvo cerca de 1.000 días en el extranjero, entre 2008 y 2020. “Este número muestra que en promedio estuvo tres años viajando de sus 11 años en ejercicio de la magistratura”, dijo uno de los investigadores del expediente que acumula 5 mil fojas y 113 incidentes con derivaciones de la causa principal.
Como no había rastros ni movimientos de los gastos de los viajes en las cuentas y tarjetas nacionales del juez, se comenzó a investigar si el juez sacó dinero ilegal y lo depositó en cuentas y tarjetas en bancos del principal destino de sus viajes en el exterior. Este trámite se realiza a través de exhortos que la Cancillería Argentina hace llegar a su par en Estados Unidos y que debe habilitar un juez del país donde estas los fondos, según contó a Clarín una de los investigadores.
El juez del Primer Juzgado Federal Penal, con competencia electoral de Mendoza, lleva un año procesado, su millonario patrimonio ha sido embargado y se dispuso su prisión preventiva, pero aún sigue ejerciendo sus funciones como magistrado.
Bento tiene fueros y como fue el caso paradigmático del fallecido expresidente Carlos Menem, puede seguir ejerciendo como juez mientras no sea suspendido o destituido por el Consejo de la Magistratura.
Desde junio del año pasado, el juez, su esposa Marta Boiza y sus dos hijos, todos empleados de la Justicia Federal, tienen inhibidos los bienes declarados en Argentina. Se trata de nueve propiedades y cuatro autos de alta gama. La medida también alcanzó a sus inversiones: unos 10 millones de pesos invertidos en fideicomisos inmobiliarios y 154 mil dólares que aparecen como ahorros.
El equipo de investigadores, que dirige el fiscal Dante Vega, a cargo de la Fiscalía General de la Cámara Federal de Mendoza y el fiscal general Mario Villar y la fiscal federal Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), comenzó a sospechar que el gasto generado por la cantidad de viajes, en especial a Miami y Las Vegas, de entre cinco y siete días de duración, podría implicar más pruebas a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por los que está procesado el juez.
La información aportada por la Migraciones también incluyó viajes a Dubai, y algunas ciudades de Europa, como Atenas y Barcelona.
Vía exhortos al gobierno de Estados Unidos, un trámite que lleva varios meses concluirlo, los investigadores judiciales quieren conocer si existen cuentas y tarjetas en el exterior. Y si el departamento de lujo en el que se hospedaba en Miami era de Bento y su familia. De lo contrario, intentarán averiguar quién es el dueño de esa propiedad.
Según el expediente, se trata de un amplio departamento en una de las tres torres Oceanía, de la avenida Collins, frente al mar, con piscina, gimnasio y canchas de tenis. De acuerdo con los investigadores judiciales, los departamentos en ese complejo cuestan entre 800 mil y 2 millones de dólares.
El primer paso judicial que ubicó a Bento como jefe de una banda de despachantes de aduana, abogados y dateros que otorgaban beneficios carcelarios a cambio de coimas, está pronto a cumplir un año. El 5 de mayo de 2021, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, ordenó el allanamiento a la casa del barrio Palmares, en Godoy Cruz, donde reside Walter Bento, en busca de pruebas. Y pidió su detención,
El 5 de mayo rpóximo se cumplirá un año, del allanamiento en la casa del juez Walter Bento, ubicada en el barrio privado Palmares , en Godoy Cruz, Gran Mendoza.
Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes
El 26 de julio pasado, Bento fue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechos en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor.
Según la denuncia del fiscal Vega, los delitos de carácter económico están centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir del año 2010, cuando comenzó a evolucionar de manera ostensible, con un incremento de operaciones vinculadas a la compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y más de 200 viajes a distintas ciudades de Estados Unidos, en una década.
Del análisis global de la prueba valorada surgen elementos indicadores de la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo, ya que el patrimonio de los procesados y de su grupo familiar no es compatible con el que legítimamente podrían disponer.
Para el Ministerio Público Fiscal, existía en el fuero federal mendocino una organización ilícita liderada por Bento que ofrecía beneficios procesales a cambio del pago de sumas dinerarias en dólares, en causas vinculados con contrabando, tráfico de estupefacientes, evasión fiscal y trata de personas, entre otros delitos. Para llevar a cabo su accionar, los imputados se complementaban mutuamente: mientras algunos solicitaban sobornos directamente a las personas detenidas, otros lo hacían a sus familiares y amigos.
Vega ubicó a Bento en la cima del esquema con el que funcionaba la organización delictiva, por su rol de juez federal, junto al despachante de aduana y prestamista asesinado, Diego Aliaga, a quien ubican como la persona que acercaba los procesados que pretendían beneficios en sus causas penales a cambio de dinero.
A lo largo de un año, el magistrado ha sido citado por numerosos testigos con cinco apodos, identificados por la Fiscalía: los llamaban el gran jefe, el jefe, el número 1, el gran gran, y el jefe de los buscas. Sin embargo, Bento fue aceptado, hasta ahora, como candidato a juez de la Cámara Federal de Casación Penal en el Consejo de la Magistratura.
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