El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, denunció penalmente este jueves a Roberto Gallardo, el juez que suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos y que impulsó una serie de allanamientos “con irregularidades” con la hipótesis de un supuesto espionaje.
La presentación por prevaricato, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad fue realizada en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
En el escrito, D’Alessandro apuntó al “entramado jurídico” que derivo en dos allanamientos con irregularidades al sector de servidores del ministerio porteño, en Parque Patricios, y al Centro de Monitoreo Urbano. Sostiene, además, que hubo “una intencionalidad concreta y maliciosa de involucrar a la Policía de la Ciudad, a su persona y al Gobierno de la Ciudad en actividades ilícitas”.
De histórico enfrentamiento con las autoridades porteñas, Gallardo respaldó en su fallo del lunes 18 una acción de amparo solicitada por la organización civil Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El juez Roberto Gallardo, históricamente enfrentado a las autoridades de la Ciudad.
En su fallo que suspendió el sistema de reconocimiento facial (que además no funcionaba desde el inicio de la pandemia), el magistrado habló de la transferencia de datos biométricos de 10 millones de personas entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Tras conocerse la decisión del juez, D’Alessandro aseguró que hizo “una ensalada” y que montó “un show”, además de cuestionar al Gobierno nacional por “preferir a los delincuentes prófugos”.
Ahora, en la denuncia penal, siguió en la misma línea. “El juez dictó una sentencia manifiestamente injusta y de mala fe”, expresó en el escrito y le endilgó la tergiversación y manipulación intencional de conceptos normativos relativos al régimen de protección de datos personales, como datos biométricos y datos personales.
“El juez quiso hacer un show mediático instrumentado por intereses políticos ajenos a la tarea y al normal desempeño de un Juez. Para que quede claro: todas las fuerzas federales utilizan el sistema de reconocimiento facial porque estamos en el siglo XXI y porque es una herramienta fundamental en cualquier sistema de seguridad acá y en el resto del mundo”, agregó el funcionario porteño.
Qué irregularidades denuncia el ministro
En el extenso relato sobre la acción de amparo y los allanamientos, D’Alessandro cuestionó la demora en la entrega del acta para los procedimientos en la sede gubernamental y en el Centro de Monitoreo Urbano, el 12 de abril pasado. Hasta allí se habían dirigido agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para llevarse información y equipos vinculados al sistema de reconocimiento facial.
Con la entrega del acta, “se constató que se estaban extralimitando los términos de la manda”. Luego, en medio de las marchas y contramarchas del allanamiento, el personal policial reconoció que había migrado datos a un disco extenso, pero que lo habían borrado.
Sin embargo, el disco quedó en manos de la PSA. Especialistas consultados por la Ciudad también señalaron que la información -supuestamente eliminada- podría haber migrado a otros dispositivos en el momento de la copia. Además, el simple formateo no habría sido suficiente para borrar completamente los datos, muchos de ellos referidos a “tareas investigativas en el marco de actuaciones judiciales” que “podrían verse frustradas ante cualquier filtración”.
Por todo esto, calificaron a la causa como “una búsqueda implacable de cualquier excusa para justificar una decisión tomada de antemano”. Y a los allanamientos como una “excursión de pesca”.
Cómo funciona el sistema de reconocimiento facial de prófugos.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia también señalaron las consignas policiales que, ubicadas en los ingresos y egresos del edificio, impidieron la salida de D’Alessandro y otros funcionarios.
Así, D’Alessandro solicitó que “se haga lugar a las medidas de prueba” (como el secuestro del disco rígido utilizado por la PSA y las grabaciones de las cámaras de seguridad) para acreditar el hecho denunciado y “la responsabilidad de sus autores”, como también que osean “indagados, procesados y embargados”.
La recusación
El lunes, el Gobierno de la Ciudad recusó al juez Gallardo, al considerarlo parcial y “funcional a la política y al kirchnerismo”.
“A partir del lunes presentamos la recusación del juez Gallardo para apartarlo de la causa por su flagrante parcialidad y por haber dictado un fallo funcional a la política y al kircherismo”, dijo Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.
Marcelo D’Alessandro, Felipe Miguel y Jorge Macri, al anunciar la recusación del juez Roberto Gallardo.
“Vamos a acudir a la Justicia hasta lograr que se reestablezca el reconocimiento”, remarcó Miguel. Y añadió: “No vamos a escatimar en el uso de ninguna herramienta”.
El reconocimiento facial de prófugos se instauró en la Ciudad en 2019, con el objetivo de identificar y capturar a personas que estaban siendo buscadas por la Justicia. De acuerdo al Gobierno porteño, con esta tecnología se logró capturar a más de 1.500 prófugos hasta marzo de 2020, cuando el sistema entró en suspensión por el uso masivo de barbijos para prevenir el coronavirus.
“Es mentira que se extraen datos biométricos. Se hacen consultas. Es ridículo pensar que el sistema de reconocimiento facial soporta la carga de 10 millones de datos”, apuntó D’Alessandro.
DS
