El Juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, resolvió admitir la acción colectiva que fue presentada por la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María para frenar el cobro de las retenciones a los granos.
Ambas entidades habían presentado el 21 de febrero pasado una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones ya que consideran que “inconstitucionales” e “ilegítimas” tras caerse el Presupuesto 2022 en el Congreso Nacional.
En su resolución, el juez federal admite la acción colectiva y delimita “la clase afectada a todos los productores agropecuarios del país”. Además de “ordenar al representante legal de la Sociedad Rural Argentina que informe al Tribunal las diferentes formas habituales de comunicación con los miembros que integran la clase, a fin de evaluar aquella que resulte más idónea para notificarle a éstos la tramitación de la causa”.
Con su decisión, Bustos Fierro dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) deba presentar su informe en un plazo de 30 días, para fijar su posición.
Según publicó Agrovoz, el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada.
En su presentación, las sociedades rurales habían argumentado que según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia.
Ante esto, desde la mesa de enlace se reunieron diputados y senadores de la oposición para avanzar en un proyecto para que el Congreso fije las alícuotas de las retenciones.
En 2022, el aporte de la agroindustria en materia de derechos de exportación a los granos y subproductos alcanzaría los 10.968 millones de dólares, según una estimación realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La cifra es superior a los 9.104 millones de dólares aportados en 2021 por las cadenas agroindustriales, pero 350 millones de dólares menor a la que estimaba la entidad en marzo.
A fines de marzo, La Justicia Federal de Río Cuarto decidió rechazar una acción similar presentada por la Sociedad Rural de esa ciudad.
En esa oportunidad, Carlos Arturo Ochoa, titular del Juzgado Federal de Río Cuarto, había dispuesto rechazar la solicitud de la entidad ruralista, al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo.
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