Tras años de sufrir hostigamiento y violencia física y emocional por parte de su esposo, María del Carmen Solís (52) se suicidó en abril de 2017. Esta semana, luego de un largo proceso de análisis de las pruebas y de los factores previos, la Justicia de Mendoza decidió recaratular la causa y acusar al marido de femicidio por omisión.
El ahora acusado, Juan Antonio Muñoz (73), es un médico forense jubilado que no habría hecho nada para evitar ese desenlace fatal, de acuerdo a la interpretación de la fiscalía del Valle de Uco.
La decisión fue tomada el pasado jueves por el juez Oscar Balmes, quien formalizó una nueva imputación a pedido del fiscal Jorge Quiroga, que dedicó el último año a revisar el caso de la muerte de Solís junto a Sebastián Capizzi, jefe de fiscalía del Valle de Uco, de acuerdo a lo informado por el diario Los Andes.
De esa manera, la carátula ahora quedó como “homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso ideal, en calidad de autor por omisión”. Se trata de una figura penal de la que cuesta hallar antecedentes cercanos y que podría sentar un precedente en casos de relaciones abusivas.
La omisión, por su lado, es una figura legal relacionada principalmente en casos de nenes, donde son los padres los que no accionan para salvar la vida de sus hijos. No es común que esta figura se dé entre adultos.
A partir del cambio, Muñoz podría llegar a un juicio por jurado durante 2022. Al momento, se encuentra en prisión domiciliaria.
El caso
De acuerdo a la causa, María del Carmen murió ahorcada el 23 de abril de 2017 en su casa de San Carlos. Venía atravesando un estado de “debilidad, deterioro fisiológico, agotamiento psicoemocional”, que había derivado en un “deterioro significativo” de la vida social y laboral de la mujer, según consta en el expediente.
Su cuadro era similar a uno que había sufrido seis años antes, cuando falleció su madre. En este escenario, su marido le “había diagnosticado a la víctima diversas enfermedades, para que presentara certificados en su lugar de trabajo” y hasta le había recetado psicofármacos tales como Alprazolam, “por lo que conocía los problemas de salud de su mujer”.
Los nuevos resultados de la investigación llevada adelante por Capizzi revelaron que la víctima vivió bajo un estado de sometimiento por años, en una relación disfuncional en la que ella no podía tomar decisiones para separarse de Muñoz.
El expediente no deja lugar a dudas sobre que la mujer fue quien se ahorcó. Pero basándose en los nuevos protocolos de violencia de género, el maltrato que sufrió la víctima por parte de su pareja durante años no puede pasarse por alto. Es por ello que el fiscal sostiene que, al existir una relación de pareja, el hombre tenía “el deber legal de asistencia, según lo ordena el Código Civil y Comercial de la Nación”.
“Por los conocimientos del imputado, sus conductas agresivas previas, el estado de convivencia con la víctima y la situación de vulnerabilidad de ella es válido concluir que tenía el deber de evitar la muerte de su mujer y podría haberlo evitado, si lo hubiese querido”, afirma la Justicia.
LGP
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