En medio de tensiones, denuncias judiciales y acusaciones cruzadas el Consejo de la Magistratura empieza a funcionar a pesar de que los dos representantes de la política, el senador K Martín Doñate y la diputada de la UCR Roxana Reyes aún no asumieron.
En total ya hay 18 de los 20 miembros designados formalmente y según la propia Corte Suprema el Consejo ya está en condiciones de funcionar. Solo necesitará formar un quórum de 12 consejeros para activar concursos y sanciones a jueces, entre otras decisiones.
Según fuentes judiciales y de la Magistratura esta semana podría empezar a fijarse una agenda de trabajo para establecer las prioridades y conocerse entre todos los integrantes. Y la semana que viene se concretaría la primera reunión formal.
El miércoles pasado, durante la asunción de las cuatro consejeras -las abogadas Jimena de la Torres y María Vázquez; la jueza Agustina Díaz Cordero y la académica Pamela Tolosa- se dieron los primeros contactos entre el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti, con los integrantes de la Magistratura.
Los diálogos fueron protocolares, pero un dato llamó la atención. Hubo un solo representante del oficialismo, el consejero Diego Molea que dio el presente porque Vázquez y Tolosa, dos de las mujeres que juraban, le responden. Faltaron Gerónimo Ustarroz, Vanesa Siley, Alberto Lugones, María Inés Pilatti de Vergara, Mariano Recalde y la diputada Graciela Camaño que aunque no es parte de ese bloque oficialista en las decisiones clave del Consejo suele apoyarlos.
Fue una señal, según leyeron en la Magistratura, del enojo que tienen los sectores del kirchnerismo con la llegada de Rosatti al organismo. Faltaron al primer acto que tuvo como presidente del organismo.
Horacio Rosatti salud a Diego Molea el día de la asunción de las nuevas consejeras. Detrás, Jimena de la Torre.
Sí hubo representantes de la oposición. Estuvo el diputado Pablo Tonelli, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, la senadora Silvia Giacoppo y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.
Por lo bajo, ya empezaron a ponerse en funcionamiento cuestiones administrativas. El equipo de Rosatti entró en contacto con el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller, y con el Administrador General, Claudio Cholakian. Una de las preocupaciones de los jueces, cuando el organismo amenazaba con paralizarse, apuntaba a la demora en el cobro de los sueldos. Ese problema ya estaría solucionado, aseguran en la Justicia.
En paralelo a los primeros movimientos de la gestión Rosatti, falta que asuman Doñate y Reyes en el organismo. Sus designaciones tienen todo tipo de trabas y complicaciones. Por un lado, avanzan los trámites administrativos dentro del Consejo de la Magistratura que debe analizar los pliegos con sus datos profesionales y personales. Una vez finalizado ese trámite debe enviarlos a la Corte Suprema para que les tomen juramento.
Pablo Tonelli y detrás el juez Ricardo Recondo salen de la Corte el día de la jura de las nuevas consejeras. Fotos Emmanuel Fernández.
Pero a su vez, sus nombramientos fueron judicializados. El senador del PRO Luis Juez fue a la Justicia con una presentación en el fuero Contencioso Administrativo para que anule la designación de Doñate ya que asegura que le corresponde por ser la segunda minoría. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, para segurar el lugar de Doñate partió el bloque del Frente de Todos. El ex consejero Alejandro Fargosi cuestionó a Doñate en la Justicia porque no contaría con el requisito de contar con 8 años de antigüedad como abogado.
La designación de Reyes también fue cuestionada en los tribunales. El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, pidió la nulidad de su nombramiento.
Si la Justicia avanza sobre esas presentaciones y decide frenar las designaciones de Doñate o Reyes, las juras se demorarían por tiempo indefinido.
Otras noticias
En el oficialismo empiezan a evaluar una estrategia, motorizada por la vicepresidenta, para paralizar el Consejo en los hechos. Buscan ser una traba para la nueva gestión de Rosatti. En los hechos, la movida se traduciría en no dar sus votos a ninguna de las propuestas que puedan ponerse sobre la mesa e incluye la posibilidad de no dar quórum. “Tenemos los votos -unos nueve- para evitar que se aprueben pliego o sanciones. Incluso podemos frenar el quórum”, advierten desde el oficialismo.
