La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes la designación de los nuevos 20 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), principal organismo judicial del país. Escogidos entre oficialistas por Nicolás Maduro y con varios de ellos sancionados por Estados Unidos, ocuparán sus cargos durante los próximos 12 años.
Desde la oposición una vez más apuntaron contra el presidente, quien una vez más colocó en esos lugares a un grupo de aliados para controlar al máximo tribunal, que en los últimos 23 años ha contribuido a afianzar el poder del chavismo con sentencias desfavorables para quienes critican al régimen gobernante.
De todos modos, la Asamblea Nacional, de la que forma parte Diosdado Cabello, número dos de Maduro, aseguró que los nombramientos de los magistrados principales y de sus suplentes se realizaron bajo “estricto cumplimiento” de las leyes.
“Saludo y felicito a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, autoridades designadas por la Asamblea Nacional de acuerdo a la CRBV (Constitución) y las leyes. Es una nueva etapa de renovación e impulso del sistema de justicia por el bienestar y la Paz del pueblo”, manifestó Maduro más tarde a través de su cuenta en Twitter.
Tras una reforma aprobada en enero, se redujo de 32 a 20 el número de magistrados que integran las siete salas del Tribunal. En 2004, el fallecido presidente Hugo Chávez promovió una ley del Tribunal Supremo para ampliar de 20 a 32 el número de miembro y facultar a una mayoría simple de congresistas para remover y designar jueces.
Entre los designados este martes se destaca Gladys Gutiérrez, exmagistrada y expresidenta del Tribunal Supremo, quien retorna a la Sala Constitucional. También fue nombrada Tania D’Amelio, una exlegisladora oficialista que se venía desempeñando como rectora del organismo electoral, un ente señalado una y otra vez por su falta de transparencia.
En la Sala Constitucional repiten Luis Damiani, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, mientras que Maikel Moreno, actual presidente del TSJ, repite en la Sala de Casación Penal.
Gutiérrez, D’Amelio, Damiani, Ortega, Suárez y Maikel Moreno figuran en una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta participación en “violaciones masivas de derechos humanos” y “socavar la democracia” en Venezuela, entre otros motivos.
Entre los nuevos miembros del Tribunal resalta también José Gutiérrez Parra, hermano de un disidente de un partido opositor, quien fue designado magistrado de la Sala de Casación Civil. En la Sala de Casación Social, Elías Rubén Bitar, abogado y profesor universitario vinculado a la oposición, es otra de las que podrían llamarse excepciones o concesiones de Maduro para aparentar pluralidad.
El resto de los magistrados, en su mayoría son exfuncionarios oficialistas que repiten en sus respectivos cargos. Otros cambiaron apenas de instancia, como Malaquías Gil, quien pasó de la Sala Electoral a la Sala Político Administrativa.
El nombramiento de los nuevos magistrados forma parte del plan de “revolución judicial” que ordenó Maduro el año pasado y por el cual se han hecho reformas a leyes y normas relacionadas con centros de detención y penas carcelarias.
La Asamblea Nacional durante la votación. Foto Rayner Peña R/EFE
Las críticas de la oposición
“Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la imposición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo el dirigente opositor Juan Guaidó en un comunicado.
Y añadió: “Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcado por un proceso de participación de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura”.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch también denunciaron la falta de independencia judicial en Venezuela.
El partido opositor Primero Justicia (PJ), del cual forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, rechazó este miércoles la designación de los 20 magistrados del Supremo por parte de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista.
“La junta de dirección nacional de Primero Justicia desconoce y rechaza el proceso adelantado por la írrita Asamblea Nacional en la supuesta designación de magistrados del TSJ”, indicó la formación en un comunicado divulgado en Twitter.
PJ afirmó que este proceso estuvo marcado por una “pugna” interna del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que convirtió la designación de magistrados en un “reparto de cuotas entre distintas fracciones del madurismo, lamentablemente respaldado por un sector minoritario que hace llamarse ‘oposición’ pero realmente están al servicio del régimen”.
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“Lamentamos que el régimen, nuevamente, haya dilapidado una oportunidad para todos los venezolanos de una negociación seria, con la facilitación de la comunidad internacional, haber logrado un Poder Judicial acorde a la necesidad de justicia de todos los venezolanos”, añadió.
Primero Justicia sostuvo que esto no significa una “renovación” del Poder Judicial venezolano y “mucho menos un avance en el sentido de una verdadera reforma judicial que pueda estar apegada al Estado de derecho y al respeto de la Constitución”.
“Lo ocurrido hoy no representa a la mayoría de los venezolanos que anhelamos justicia y paz, profundizando la falta de condiciones institucionales y de separación de poderes que son necesarias para elecciones libres, y que ha sido denunciada en el informe de la Unión Europea sobre las elecciones de noviembre de 2021”, apostilló.
Con información de agencias
DB