En el juicio por la presunta corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz, donde la principal acusada es Cristina Kirchner, la semana pasada comenzó a declarar Adriana Alperovich, perito de parte de la vicepresidenta. Fue la única que en el informe sobre cinco obras testigo de las 51 bajo investigación, sostuvo que no hubo sobreprecios ni irregularidades en los contratos otorgados a Lázaro Báez. Mientras realizó dicho trabajo trabajaba en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y meses después de haber entregado sus conclusiones de la pericia en las que beneficiaba a Cristina, fue designada como Directora Nacional de Residuos en el Ministerio de Medio Ambiente.
El 30 de agosto de 2019 los peritos entregaron las conclusiones del informe realizado sobre cinco casos testigo de las 51 licitaciones adjudicadas a Báez al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). De 516 páginas, organizado en tres partes y con una gran cantidad de documentación anexa, esta prueba se ordenó en el marco del juicio contra Cristina y otros doce imputados, acusados de asociación ilícita y defraudación al Estado por haber favorecido al Grupo Austral -de Báez- con contratos por un total de 46.000 millones de pesos.
Respecto a la primera parte, ocupada en determinar si hubo sobreprecios, el perito de la Corte Eloy Pablo Bona determinó que efectivamente los hubo, por 170 millones de dólares con respecto al presupuesto oficial y más de 198 millones de dólares con respecto a las ofertas de las empresas de Báez en las licitaciones.
Los peritos por parte de la Fiscalía coincidieron en que hubo sobreprecios, pero de 173,5 millones de dólares respecto a la sumatoria de los cinco presupuestos, y respecto a los presupuestos de adjudicación, la diferencia es de 202,1 millones de dólares respecto a los montos de la adjudicación.
En oposición a estos planteos, la perito de parte de la ex presidenta, Adriana Alperovich consideró que los montos pagados “se encuentran dentro de valores que se corresponden con valores medios a la fecha de cada obra”. Bajo esos mismos lineamientos, entendió que no existió ningún tipo de irregularidad en los contratos adjudicados al Grupo Báez.
Alperovich señaló que las obras analizadas “y para las cuales se recalcularon todos los precios unitarios, se desprende que los precios de las ofertas a la fechas indicadas contienen precios que representan los precios de plaza”. Y que en algunos casos “las planillas comparativas que indican las ofertas resultan inferiores a la calculada con los precios medios de referencia”.
En etapa de declaraciones testimoniales del juicio oral, Alperovich comenzó a declarar la semana que acaba de concluir. En su exposición defendió la metodología de trabajo utilizada para arribar a las conclusiones que firmó en la pericia, y ratificó todos los conceptos que había vertido en el extenso informe, y que rechazan las principales acusaciones contra la vicepresidente y su ex socio comercial.
La imputación habla de una supuesta estructura de beneficios creada a favor de Lázaro Báez, lo que le permitió ganar 51 contratos viales “plagados de irregularidades”: sobreprecios del 65%, direccionamiento de los concursos, falta de controles, certificaciones de obras que no habían progresado, vicios administrativos, entre otros. Para la justicia, otro agravante es que la mitad de las obras quedaron inconclusas, generando “un gran perjuicio al Estado que pagó con creces los contratos”.
Mientras la pericia se desarrollaba, la ingeniera civil Alperovich figuraba en la documentación oficial como personal de ACUMAR, el ente interjurisdiccional que depende del Poder Ejecutivo Nacional con participación de la provincia de Buenos Aires, que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
El informe pericial ingresó al TOF 2 el 30 de agosto de 2019. Pocos meses después, el 23 de abril de 2020, Santiago Cafiero como jefe de Gabinete y Juan Cabandié en su rol de Ministro de Medio Ambiente firmaron la decisión administrativa 617/2020, a través de la cual se designó “a partir del 28 de febrero de 2020 y por el término de 180 días hábiles, a la ingeniera civil Adriana Elena Alperovich en el cargo de Directora Nacional de Residuos”.
Ante la consulta de Clarín, desde el ministerio de Medio Ambiente confirmaron que la perito e ingeniera Civil continúa desempeñándose en el mismo puesto.
El cargo que se le dio a quien fue perito de parte de la vicepresidenta depende de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del ministerio que dirige Cabandié, y en su momento se autorizó su designación con excepcionalidad, por no cumplir con lo que exige en un artículo el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial.
Específicamente, se explicó que la excepción responde al artículo 14 que delinea los requisitos mínimos de acceso a cada nivel escalafonario. Para el cargo se debe contar con una especialización avanzada en los “campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios de postgrado o en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional”. Al parecer, Alperovich no la tenía.
También se reclama experiencia laboral en la especialidad atinente a la dicha función o puesto, acreditada por un término no inferior a seis años después de la titulación, y experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo de gran envergadura o complejidad por un término no inferior a tres años, cuando comporte ejercicio de funciones ejecutivas o de jefatura.
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