El juez federal de Ejecuciones Fiscales, Carlos Faggi, desestimó un pedido del empresario Cristóbal López y dictaminó que deberá pagar a la AFIP $154,4 millones de pesos, correspondientes a deudas por el impuesto sobre los Bienes Personales de 2019 y 2020.
El dueño del Grupo Indalo había realizado una presentación a la justicia en la cual reconocía sus deudas con el fisco, pero pedía excusarse de sus obligaciones tributarias por ser víctima de una “grave persecución” política, y que a partir de los distintos expedientes judiciales que lo embargan se le “hace imposible el pago de los tributos que se pretende ejecutar”.
“Resulta inadmisible que la misma Justicia pretenda por un lado privarme del pago (de los impuestos) mediante el decreto de medidas de carácter preventivo y por el otro, mande a llevar adelante su ejecución cuando justamente el incumplimiento se deriva de otra manda judicial”, esgrimía la defensa del empresario.
Ante este pedido, según publicó este viernes La Nación, la Justicia dictaminó en contra. “Tanto la defensa de excepción de inhabilidad de título basada en la imposibilidad de pago, como el pedido de suspensión de las actuaciones deben ser desestimados por completo”.
El juez argumentó que la legislación vigente no habilitaba a López a suspender o extinguir el cobro de una deuda líquida y exigible ya que la ley no prevé una causal para eso.
Deudas y más deudas con el fisco
A finales del año pasado, la AFIP había intimado a López a través de un expediente de ejecución fiscal para que pague 397.033.078 pesos en concepto del impuesto solidario, más 59,5 millones de intereses y costas.
En ese momento, López respondió a través de un escrito en el que pidió que se rechace “la presente ejecución con expresa imposición de costas al Organismo Recaudador. Allí había esgrimido nuevamente el recurso de denunciar una persecución.
“(He) sido blanco de una serie de acciones realizadas con anterioridad a la actual administración de AFIP, materializada mediante un conjunto de actos administrativos y vías de hecho realizados con total intencionalidad y en violación a la ley, que afectaron gravemente a mi persona en forma directa (estuve dos años injustamente privado de mi libertad), a mi patrimonio, y que también afectaron directamente a las Sociedades del Grupo Indalo, de las que resulto uno de sus beneficiarios finales”, expresó en el expediente.
Después de esa introducción, se refirió a los embargos sobre su patrimonio trabados en uno de los expedientes que tramita en Comodoro Py, donde se lo investiga por hechos de corrupción.
“Esta medida afectó desde entonces, y lo sigue haciendo hasta la fecha, todo mi patrimonio y bienes, siendo los mismos absolutamente indisponibles, incluso para el pago de los tributos que se pretende ejecutar”, se defendió López.
Para pagar el tributo a las grandes fortunas, el contratista K señaló en su descargo que la única opción que tiene “es a través de la autorización pertinente de la justicia penal que dispuso el embargo detallado”, pues “de momento me encuentro jurídica y fácticamente impedido de cancelar los tributos que por el presente se pretenden ejecutar, lo que torna la exigencia del organismo recaudador irrealizable”.
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