Esta semana, un productor de Pergamino lanzó la bomba: “No sólo nosotros, los que producimos, todos los que viven del campo y la ciudad en general, van a dejar de percibir más de 1.100 millones de pesos por la soja que no pudo sembrarse y cosecharse por la cautelar del señor juez (Carlos) Villafuerte Ruzo”.
El productor es Jorge Bocca, un agrónomo que trabajó para semilleros multinacionales durante varios años, y hoy maneja unas 450 hectáreas de campos familiares. “La medida cautelar” es la que dictó el juez federal de San Nicolás (juzgado Nro. 2), Villafuerte Ruzo en abril de 2019 que prohíbe las aplicaciones terrestres de fitosanitarios y las fertilizaciones a menos de 1095 metros del perímetro urbano de Pergamino. Para las aéreas la restricción es de 3000 metros.
En abril de 2019 la prohibición fue, inicialmente, para cuatro establecimientos denunciados por ciudadanos por “malapraxis” (luego uno quedó fuera de la causa). Pero en agosto de ese año, las medidas precautorias se establecieron para toda la ciudad y todos los productores.
Jorge Bocca, productor pergaminense.
Estiman que la decisión afecta a unos 200 productores (en la totalidad o parte de sus establecimientos) y más de 6.000 hectáreas en la que no se puede aplicar fitosanitarios. Vale recordar que en Pergamino ya regía desde 2014 una ordenanza municipal (8126/14) que establecía una exclusión de 100 metros (de la zona urbana o de colegios) y hasta 500 metros como zona buffer con algunos productos permitidos y otros no.
“Teniendo en cuenta que una soja fuera del área de restricción de los 1095 metros puede rendir 5,3 toneladas por hectárea y en un lote vecino dentro del área, con manejo agroecológico apenas si puede rendir 1,8 t/ha, si tomamos la tonelada de soja a 50.000 pesos, se dejarían de percibir 1.113 millones de pesos”, explicó Bocca. Y aclaró: “Eso, sólo pensando en la soja no producida, sin contar todo lo que se desactiva por no sembrar, cosechar y vender el producto de esas más de 6000 hectáreas”.
“Es cierto que no toda el área va a tener rindes de 5,3 toneladas por hectárea, el número que hice no es una cuenta que tenga rigor científico, pero no te quepan dudas es un monto importante”, contó el productor. Supongamos que en vez de esas 5,3 toneladas se tome un rinde medio de 3,5 t/ha. El número también es importante: $552 millones de pesos.
“Lo que quiero es llamar la atención, no sólo de los que estamos relacionados con el campo, que ya sabemos de qué se trata, sino a todos, porque cuando se toma una medida como esta, que restringe la producción per sé, afecta al campo, pero también repercute en los vecinos de las ciudades, más si recordamos que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen del campo, es fácil darse cuenta de que cuando algo le pega al campo la rueda de la economía se mueve más lenta”.
“Ahora siembro césped”
En la parte del campo afectada por la cautelar (30%), Bocca, después de “dos años intentando hacer producciones con lo que se podía, sin fitosanitarios, yendo a pérdida”, decidió sembrar césped. “Parece una plaza, una cancha, terminamos sembrando pasto y lo mantenemos, para que no haya alimañas, porque no podemos producir rentablemente cultivos sin el auxilio de fitosanitarios”, reflexionó Bocca.
En el resto del campo siembran mitad soja, mitad maíz. “Con 1800 kilos por hectárea de soja no se pueden recuperar los gastos, ni hablar si pensamos en un productor que está arrendando y tenga que pagar 1200-1400 kg/ha, eso es quebranto y lo peor es que son tierras que van a ir quedando abandonadas”, lamentó Bocca.
“En algunos campos -contó el productor- se ven productores que están enrollando pasto, pero también hay que pensar que al llevarse el pasto y no poder restituir fertilidad vía fertilizantes los suelos se van a ir deteriorando, y se termina haciendo una minería”. “Pero ojo, no por una decisión del productor sino por una imposición de la cautelar que nos han impuesto, no hay mucho para hacer”, reconoció.
¿Cuál podría ser la solución? ¿Qué proponen los productores para que se elimine la cautelar? “La forma de manejar esta superficie es haciendo bien las cosas, hoy tenemos toda la información técnica para hacerlo, lo que habría que hacer es profundizar los controles para que se cumplan las normas y que no caigamos todos en la misma por alguno que haga mal las cosas, sería como ponernos a todos presos por uno que roba”, graficó Bocca.
El “derrame” también afectado
Lo dicho, el impacto de no producir y esas toneladas que no se sembrarán ni cosecharán ni se harán aplicaciones de fitosanitarios ni fertilizantes afecta de manera directa al productor en cuestión. Pero también, de manera más o menos directa a los que viven y trabajan para que ese grano se produzca y llegue al puerto.
Bocca cuenta que hoy una cosecha se cobra 10.500 pesos, lo que multiplicado por 6.500 hectáreas que no van a cosechar, da 68 millones de pesos que van a dejar de percibir los contratistas. “Además, son unas 20.000 toneladas de soja menos (multiplicado por un rinde promedio de 3,5 t/ha) que van a dejar de transportarse en camión (a 30 toneladas por viaje serían unos 700 viajes menos)”, repasó Bocca.
También suma las plantas de acopio, que dejan de percibir su parte y el viaje en camión de la planta al puerto de Rosario. Todo eso, sin contar reparaciones de máquinas, camiones, cubiertas, etc, que ya es más indirecto pero también suma… o resta.
Bocca, vuelve sobre el impacto en la ciudad y cómo esto puede afectar a Pergamino. “Con esto quiero llamar la atención no sólo de los que lo padecemos, también de los vecinos, porque 1.100 millones de pesos no son poca plata como para dejar pasarlo así nomás, menos en una época como esta, en la que lo que no sobra es plata”, cerró el productor, que no cree que pueda haber una salida judicial: “Hace tres años que hicimos la presentación y la cautelar duerme la causa de los justos en el despacho de San Nicolás”.