La práctica institucional de los derechos humanos comenzó a existir el 10 de diciembre de 1948, pero el concepto de “derechos humanos” (DD.HH.) tiene una trayectoria previa que hunde sus raíces en el humanismo liberal.
Ya en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, John Locke había postulado la existencia de una serie de derechos “naturales” que regían con independencia de la ley positiva y que los gobiernos debían respetar del modo más estricto. La ocurrencia fue tan exitosa que se volvió viral en la filosofía política posterior.
El origen liberal de los derechos humanos tal vez explique por qué, a pesar de haber participado activamente en las discusiones previas, los países del bloque soviético se abstuvieron en la votación del 10 de diciembre.
Para Stalin y la izquierda marxista, era obvio que la apelación a derechos individuales que resultaran inmunes a la voluntad de las mayorías constituía uno de los pilares del orden burgués que el proletariado debía barrer a sangre y fuego.
Lo cierto es que a lo largo de la modernidad política, los derechos humanos poco a poco se convirtieron en un estandarte del progresismo democrático. Libertades individuales para elegir un plan de vida propio sin sufrir persecuciones ni discriminación, derechos políticos para participar de la toma de decisiones colectivas en pie de igualdad, y derechos de bienestar que nos permitan acceder a los recursos indispensables para funcionar como agentes intencionales plenos. Esa fue, por mucho tiempo, la agenda de los liberales de izquierda y de la izquierda liberal.
Sin embargo, y más allá de su aparente vigor, la cultura de los derechos humanos está atravesando una de sus peores crisis. No solo porque la invasión de Ucrania amenaza con desmantelar el orden internacional pacientemente labrado tras la derrota de los nazis, sino también por el renacimiento de los tribalismos, las ideologías radicales y las polarizaciones extremas.
A la conocida intolerancia de las derechas conservadoras, y quizás como reacción a ella, se sumó la intolerancia de una nueva izquierda autoritaria que ya no habla el lenguaje de la revolución. Los Estados Unidos post-Trump son un buen ejemplo de cómo esa dinámica conduce a una guerra de trincheras simbólica sin espacio para la reciprocidad y la búsqueda de una plataforma valorativa común.
Ya sea reaccionario o emancipador, el lenguaje de la particularidad es profundamente regresivo y se sitúa en las antípodas del universalismo propio de la Declaración Universal. Mientras los derechos humanos enfatizan lo que las personas tenemos en común, invitando a la empatía, los neo-tribalismos atizan la fragmentación y niegan la igualdad al nivel más fundamental.
En su retórica encendida no se vislumbra el futuro sino un pasado de confrontación y oscuridad. Los derechos humanos son la última utopía; una utopía no puede ser trascendida ni siquiera en nombre de sí misma.
Julio Montero es Doctor en Teoría Política, autor del libro Human Rights as Human Independence (U Penn Press, 2022). Consejero académico de CADAL
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