Pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó abrir el amparo de Cecilia Goyeneche, uno de los miembros del jury Juan Ramón Smaldone habría votado ya a favor de la destitución de la fiscal Anticorrupción.
Smaldone fue el primer jurado en votar y le seguirá la presidenta del jury, Verónica Mulone, que es una abogada de la ciudad de Victoria, informó la revista Análisis.
Sucede que el jury interpreta que el fallo de la Corte no suspende automáticamente el jury y siguen así enjuiciando a la fiscal que logró la condena del ex gobernador de la provincia y ex embajador en Israel, Sergio Urribarri. El actual gobernador de Entre Ríos y aliado del Frente de Todos, Gustavo Bordet, también ha impulsado el jury.
Lo hacen pese a que Goyeneche los notificó del fallo y presentó un pedido a la jueza de instrucción que aceptó su amparo, argumentando que el jury era ilegal, para que notifique formalmente a los miembros del jurado de la sentencia de la Corte.
El tercero en votar sería el vocal Daniel Carubia. El Jurado de Enjuiciamiento también está compuesto por Gisella Schumacher -pareja del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, quien juró hace dos semanas como vocal del Superior Tribunal de Justicia-; el abogado y director del Área Jurídica del Senado, Gonzalo García Garro; y los legisladores del peronismo Armando Gay y Gustavo Zavallo. La mayoría está vinculado a Urribarri, quien fue condenado a 8 años de prisión en una causa por corrupción.
Ni la Corte Suprema ni los tribunales entrerrianos que intervinieron aquí ordenaron frenar el proceso”, declaró a La Nación uno de los jurados que todavía no votaron, el vocal del Superior Tribunal (STJ), Daniel Carubia.
“La causa (Cecilia) Goyeneche está a despacho de los jurados y se está votando. Si el fallo del amparo de Goyeneche es exitoso, se anulará el trámite del Jury”, añadió Carubia, que sostuvo que “el martes estaría el segundo voto” y antes del 31 de mayo, la sentencia final.
Según el vocal del Superior Tribunal, lo que corresponde es que el Jury avance y si después le dan la razón a Goyeneche y resulta que el proceso no respetó sus garantías, la eventual sentencia de destitución quedaría sin efecto.
El juicio político contra Goyeneche, avanza a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostuvo que había un amparo de ella sin resolver.
El argumento de aquella recusación de la fiscal fue que no estaba garantizada la imparcialidad de Smaldone porque Goyeneche intervino en una causa donde la fiscalía imputó a su hijo Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo del gobierno del ya condenado en primera instancia por hecho de corrupción Urribarri, que lo eligió además para que presidiera el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Tres abogados denunciaron a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto “mal desempeño” en sus funciones. Carlos Reggiardo, defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito; Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, consideraron que Goyeneche debió apartarse antes de la investigación por la causa llamada de los “contratos truchos” de la Legislatura.
La causa inició de modo fortuito en septiembre de 2018. Goyeneche coordinó a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. En el transcurso de la pesquisa, los investigadores detectaron que había un estudio contable implicado en las maniobras de desvío de dinero público. Investigando llegaron a Integral Asesoría, un estudio comandado por el contador Pedro Opromolla, entre otros, que tuvo un vínculo comercial con Goyeneche.
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