Después de votar en contra la refinanciación de la deuda con el FMI, los senadores más cercanos a Cristina Kirchner plantearon que había que pagarle al Fondo con la plata de “los que la fugaron”. Bajo ese discurso presentaron dos proyectos: el “blanqueo” para evasores y el de flexibilización del levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil. Aunque el plan era votarlos en conjunto, el primero recibió media sanción el jueves pasado, pero el segundo sigue frenado en comisiones por las diferencias en el oficialismo, “presiones” y el rechazo del Banco Central.
Los temas se abrieron a debate en tándem en comisiones, pero mientras uno consiguió dictamen rápidamente, el otro se decidió que seguiría en estudio unos días más. Pero la semana pasada, la comisión que iba a continuar la discusión se suspendió casi sobre la hora y no hay fecha aún de reprogramación. La respuesta oficial fue que varios legisladores tenían que volar a sus provincias y no iban a poder estar.
Sin embargo, en el FdT reconocen que el tema trae ruidos con la AFIP y el Banco Central, entre otros actores.
“Tiene este interbloque y el Congreso muchas presiones desde todos los sectores para que no ocurra”, reconoció la camporista Anabel Fernández Sagasti en la reunión que el interbloque mantuvo con el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois. “Son leyes que hay que cambiar y la única forma que vamos a poder hacerlo es con iniciativa popular, porque sabemos que en la Cámara de Diputados va a ser bastante trabajoso“, agregó.
La actual ley de entidades financieras -que data de 1977- solo autoriza al Central y la AFIP a solicitar el levantamiento del secreto para detectar las cuentas en el exterior sin declarar, vía causa judicial.
“Mientras haya secreto bancario, el acceso a datos bancarios lo tiene que pedir un juez. Hubo un ex funcionario de la AFIP procesado por no respetarlo”, recordó días atrás José Mayans, en alusión a Ricardo Echegaray. Mayans fue durante dos años presidente de la Bicameral de Deuda y detalló que ellos solo tenían acceso un informe “encriptado” que hace el Central y que es “general”. No detalla nombres.
El proyecto del kirchnerismo amplía el acceso a esa información a pedido de la Bicameral de Deuda del Congreso, el Jefe de Gabinete, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), y el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) y todos los “organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados”.
El directorio del Central que conduce Miguel Angel Pesce no está de acuerdo. “Temen que se destape la olla“, aseguraron cerca de un legislador oficialista. Otros creen que es porque el temor o la mala interpretación de la ley puede generar una corrida bancaria; una situación compleja con las reservas en rojo.
“Es lisa y llanamente una locura. Solo buscan el escrache. Y El ENRE y el ENARGAS no tienen nada que ver con esto. Se tienen que encargar de controlar la calidad de prestación no investigar directorios de empresas privadas”, señala un senador de Juntos por el Cambio, que considera que la inclusión de esos dos entes en el proyecto de ley está ligado a las “internas” dentro del oficialismo por las segmentaciones y cuestiones tarifarias.
En la reunión que el interbloque del Frente de Todos tuvo la semana pasada con Grabois y con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, ambos les exigieron por el avance de esta ley.
“No tener hoy un informe que diga, a nivel popular cuánto fugaron, quiénes, cómo y dónde esta la plata, y cómo vamos a recuperarla. El pueblo quiere saber y hoy no sabe”, se quejó Grabois.
“Lo seguimos estudiando en comisión”, apuntó Oscar Parrilli. Como autor del texto, no se da por vencido y cerca suyo aseguran que el texto, con modificaciones, se va a dictaminar y aprobar en la Cámara Alta, a pesar de que su destino sea naufragar en Diputados. Pero no hay fecha estimada. Esta semana, reconocen, imposible. El miércoles es feriado y el jueves los senadores viajan a La Rioja, donde la aliada Clara Vega será anfitriona. ¿La otra? Todavía no hay confirmación.
