Dan Jeremeel Fernández Morán tenía previsto recoger a su hija en casa de una compañera, para luego pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá, por la terminal de ómnibus de la ciudad de Torreón. Nunca llegó y desde hace 13 años su familia reclama su aparición.
Desde aquel 19 de diciembre de 2008, la familia de Dan vive un calvario. Primero lo buscó en hospitales y en la cárcel municipal, hasta que su mamá presentó una denuncia por su desaparición en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Nunca tuvo una respuesta.
El caso de Dan Jeremeel Fernández Morán es uno de los 100.099 desaparecidos que fueron reportados oficialmente desde 1964 a la fecha. Frente a esta realidad, Naciones Unidas y familiares de víctimas exigieron este martes al Gobierno de México hacer todos los esfuerzos para frenar la tragedia de los desaparecidos.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó a través de su vocero su “profunda tristeza” por esta problemática y transmitió “solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan reencontrarse con sus seres queridos”.
Stéphane Dujarric, vocero de Guterres, añadió que el diplomático saluda medidas positivas del gobierno mexicano y lo alienta “a seguir acelerando los avances”.
Al reclamo también se sumó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó en un comunicado de prensa que “ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y de dimensión extraordinaria”.
Si bien rescató las medidas tomadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis como la creación de la Ley General de Desapariciones y la conformación de comisiones nacionales de búsqueda, la expresidenta de Chile insistió en que se deben redoblar esfuerzos.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que visitó el país en noviembre pasado y considera el problema como una “tragedia humana”, se sumó al pedido.
En un comunicado, el CED y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU lamentaron que a pesar del trabajo de autoridades, organizaciones y familiares, estos crímenes siguen “ocurriendo a diario en México reflejando un patrón crónico de impunidad”.
Padres y familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en una manifestación a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México. Foto: EFE
Los datos
Si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas habla de 100.099 personas, los colectivos de búsqueda y activistas creen que la cifra es mucho mayor, pues algunas familias no denuncian ante las fiscalías por miedo o desconfianza.
Las desapariciones comenzaron en México con la llamada “guerra sucia” de las autoridades contra los movimientos revolucionarios de las décadas de 1960-1980.
Pero su número se disparó a partir de la década de 2000, con el aumento de la actividad de los narcotraficantes y la guerra que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró a los cárteles al inicio de su gobierno.
Desde entonces, la espiral de violencia deja además unos 340.000 asesinatos, la mayoría vinculados al crimen organizado.
Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora (norte), quien lucha por encontrar a sus hijos Alejandro y Marco Antonio, declaró a la AFP que la crisis es alentada por la desidia del Estado. “Si las autoridades hicieran su trabajo, no hubiera tanto desaparecido (…). Para ellos, un desaparecido es un delincuente menos, una estadística más”, sostuvo.
Los colectivos como el que conforma Flores se dedican a buscar a sus seres queridos con pico y pala en fosas clandestinas. En este esfuerzo, algunas personas también desaparecen.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió de su lado fortalecer “los mecanismos de prevención, búsqueda e identificación”.
A la par de los homicidios y las desapariciones forzadas, México enfrenta una crisis forense con más de 37.000 cadáveres sin identificar en las morgues, aunque organizaciones civiles creen que la cifra llega a 52.000. Algunas de esas personas terminan sepultadas en fosas comunes, por lo que el gobierno impulsa la creación de una base de datos para cotejar muestras de ADN tomadas a parientes de desaparecidos con las de restos sin identificar.
Los estados de Jalisco (oeste) y Tamaulipas (norte), son los que reportan el mayor número de desaparecidos y los más afectados por la violencia ligada al crimen organizado y la corrupción policial.
Con información de AFP
GRB