El presidente Fernández y su pareja han ofrecido una cifra de dinero en la causa penal que los involucra, la cual debe ser homologado por el Poder Judicial para que se cierre el juicio en contra de ellos.
Es cierto que ahora, que resulta evidente que la extensa cuarentena fue un error mayúsculo, visto que ha quedado comprobado que tuvo poca o nula utilidad, sobre todo cuando se aplicaba a personas sanas, parecería que puede ser tolerable este tipo de acuerdos, pero en esta cuestión ese no es el punto, sino determinar si es aplicable que la justicia acepte una oferta económica para evitar una sentencia condenatoria, cuando quien la ofrece es un presidente por haber violado un decreto que él mismo dictó, y que ese incumplimiento no se produjo para llevar adelante algún acto solidario o humanitario sino para un disfrute personal y egoísta.
En este asunto, resulta de interés tener presente que no se trata de un decreto cualquiera, sino de uno que suspendió derechos esenciales como es el de circular libremente, y lo hizo sin siquiera haber declarado el estado de sitio, lo cual colisiona con garantías constitucionales.
Por lo tanto, estamos ante un interesante dilema, por un lado, el jurídico, porque tenemos a un presidente que firmó un decreto que aparece como contrario a las previsiones constitucionales, pero que, al no haber sido declarado de ese modo por la justicia, goza del principio de legitimidad que tiene todo acto administrativo, y por ello, aplicable y plenamente vigente al momento de los hechos, lo cual lleva a que el presidente y su pareja sean confesos incumplidores de un decreto dictado por el mismo Fernández, independientemente del conflicto que dicho acto administrativo tiene con la Constitución Nacional, vaya paradoja.
Por otro lado, tenemos el análisis moral, porque ese decreto impedía a las personas, que acompañasen a sus allegados, inclusive a aquellos aquejados por enfermedades, muchas de ellas terminales, como fue el caso de Solange, quien, en soledad, por la crueldad de las autoridades públicas, visto que le impidieron a su padre que la acompañase en sus últimos momentos de vida, y no solo eso, sino que lo trataron como a un criminal, sin brindarle la posibilidad que ahora generosamente la justicia le otorga al presidente de “pagar”, pero no para organizar y participar de una fiesta en cuarentena como la de Olivos, sino para poder estar con su hija enferma terminal de cáncer.
Por lo tanto, el enojo se genera porque al presidente, a su pareja y a los demás convidados de la inmoral e ilegal fiesta se les permite pagar para evitar ser condenados por el delito que prevé el Código Penal en su artículo 205 de violación a la normativa de protección sanitaria, mientras que a tantos otros se les impidió encontrarse con sus seres queridos.
Como a Solange, la sufrida y joven fallecida en Córdoba hace casi dos años, quien se despidió de nosotros diciendo valientemente “hasta mi último suspiro tengo derechos”, y que pese a ello ni Fernandez ni las fuerzas de seguridad por él comanda la escucharon, y ahora, sin haber tenido el más mínimo grado de empatía, ni siquiera con los enfermos terminales y sus deudos, aparece el presidente con su billetera para recordarnos que ellos pueden hacer lo que quieren, mientras que nosotros, los del llano, simplemente debemos tener en claro que en la Argentina cada vez hay más diferencia entre hijos y entenados.
Gustavo C. Liendo es abogado. Doctor en Derecho
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