Aysa, la empresa estatal de aguas, le está pidiendo colaboración al ministerio de Economía para el pago de una deuda. El próximo 1 de febrero de 2023 se vence una Obligación Negociable (ON) por US$ 500 millones y la empresa dice no contar con los fondos propios para poder afrontarla.
“Estamos hablando con el ministerio de Economía para ver cuál es la solución que podemos encontrar”, expresó Malena Galmarini, titular de Aysa en la audiencia pública para subir las tarifas del agua. Allí solicitó una suba del 32% en dos tramos: 20% en julio y 10% en octubre. Tras esta audiencia, irá por otra suba.
“Está claro que la empresa no puede pagar US$ 500 millones el primero de febrero, si bien venimos pagando en tiempo y forma los intereses de la deuda”, manifestó. Los cupones de la deuda representan US$ 33 millones anuales (US$ 16,5 millones semestrales)”, expresó.
“Creemos que fue temeraria esta operación financiera y vamos a encontrar la forma de resolverla”, manifestó Galmarini. Esa emisión de deuda se hizo en 2018 y se pactó el pago de una tasa de 6,625% anual.
La administración anterior dijo que tomó ese crédito para realizar obras de infraestructura y mejoramiento. La conducción actual opta por pedirle al Tesoro para el financiamiento de su déficit. Con sus propios ingresos no cubre el gasto operativo para los costos de la provisión del servicio de gas y agua, y tampoco puede realizar obras nuevas.
Galmarini también confirmó que, tras esta audiencia, la compañía le pedirá al regulador una “segmentación en las tarifas” de agua, en sintonía con lo que está tratando de hacer la secretaría de Energía, que busca quitar subsidios a los hogares de mayores ingresos o ubicados en barrios de alto poder adquisitivo.
“En la medida que la tarifa de Aysa no se incrementa al ritmo de la inflación, se reduce la cobertura de gastos operativos a través de ingresos propios por la facturación de los servicios prestados. Y se incrementa, como consecuencia, la necesidad de subsidios del Tesoro nacional a través de transferencias corrientes”, decía una filmina de la presentación de Malena Galmarini -que se excedió en relación al tiempo que tenía para hablar en la audiencia-.
Aysa prevé un presupuesto de $ 170.000 millones para este año: $ 96.700 millones para sus gastos y $ 73.700 millones para mejoras y nuevas obras. Si le aprueban este aumento del 32%, con su recaudación podrá solventar un 35% de costos operativos, mientras que solo le alcanzará para una quinta parte de sus necesidades de dinero totales.
La cobertura de los costos a través de las tarifas llegó a su piso en 2013, cuando era del 29%. Como contrapartida, llegó a su máximo en 2019. Tras varios incrementos de la administración anterior, las boletas cubrían el 90% de los costos. El Tesoro subsidiaba el 10% restante.
“Es elocuente como en la medida que la tarifa no se incrementa acorde el ritmo de la inflación o del tipo de cambio, los ingresos son muy menores”, puntualizó Galmarini.
Con un incremento del 32% que pide ahora, Aysa solo genera un incremento del 9% en los ingresos proyectados para este año. “Solo estamos reduciendo la brecha para cubrir las necesidades de la empresa y los recursos. Que quede bien claro que con este aumento tarifario el Estado nacional va a poder destinar los recursos que hoy destina en Aysa hacia otras inversiones. Eso no va a poder suceder. Nos va a permitir recaudar $ 3.300 millones más”.
Desde 2019 (último año en que se retocó la tarifa) hasta 2022, la inflación acumulada es de 336%, mientras que el tipo de cambio (oficial) subió un 278%.
Más del 60% de los costos operativos de Aysa se mueven por precios locales y subieron un 310%. Las tarifas subieron un 48%.
Energía, personal, insumos químicos y compras son los cuatro principales gastos de Aysa. En 2021, el consumo energético demandó US$ 57 millones, una reducción con respecto a los US$ 64 millones destinados para ese fin en 2019. El personal ajusta por paritarias. En 2021, la suba salarial fue del 52%. Para este año, está previsto un 45%, pero las revisiones que se están dando en varios gremios hacen creer a las autoridades que el aumento será más alto.
