El juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó este viernes a las cooperativas que recibieron del municipio de la referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, 535 millones de pesos. Durante los procedimientos, secuestró del gobierno local toda la documentación vinculada a los contratos bajo investigación.
Mayra Mendoza se encuentra imputada por corrupción tanto en los tribunales de Comodoro Py como en Quilmes. Bajo investigación está la maniobra a través de la cual se habrían desviado 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios del municipio gobernado por la camporista.
Después de que el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González imputó a Mendoza, Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler, la intendente de Quilmes sumó otro revés judicial. En la justicia federal de Quilmes, la fiscal Silvia Cavallo, también pidió que sea investigada.
Ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación, la fiscal pidió que se avance en el caso. Con la acción penal impulsada, el juez federal Armella ordenó una serie de allanamientos a las empresas involucradas en la presunta desviación de fondos públicos.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura. Toda la documentación vinculada a diversos contratos celebrados con el municipio de Quilmes, ya se encuentra bajo custodia del juzgado federal. Asimismo, se secuestraron un conjunto de celulares que serán peritados.
No fue el único procedimiento realizado por el juzgado en el marco de esta causa. La semana pasada, indicaron fuentes del caso, el personal de Prefectura se llevó del municipio a cargo de Mayra Mendoza, todos los legajos de las personas involucradas en la investigación, los decretos firmados por la intendente de La Cámpora, estados contables, entre otra documentación.
Todo está bajo resguardo del juzgado federal de Quilmes, y con otro conjunto de pruebas bajo análisis, se comenzará con el entretenimiento de información.
Cuando la fiscal Cavallo imputó a Mayra Mendoza, quien sostiene ser víctima de una persecución política, solicitó que se investigue también al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario.
Los delitos atribuidos en esta primera etapa de la investigación, son defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.
La fiscal además, por la gravedad de los hechos y la estructura que se investiga, pidió que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
El expediente que tramita en Quilmes, se inició por pedido de la fiscal quien consideró que hay, al momento, suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado”.
Silvia Cavallo sostuvo en su escrito que se pudo constatar “relaciones de funcionarios y empresas a través de bases de datos públicas”. A raíz de esa premisa, consideró que se debían investigar “las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de fondos públicos nacionales por parte de funcionarios de la Municipalidad de Quilmes en el marco de diversas contrataciones realizadas con la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Ltda., la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda., la Cooperativa Progreso y la firma The Wolf Building SA.”
La ventana de tiempo que se investiga es desde 2020 y hasta comienzos de este año. La operatoria cuestionada, según entendió la fiscal Cavallo, “tendría como finalidad el desvió de fondos –en beneficio de funcionarios públicos- a diversas sociedades constituidas en el extranjero“.
El listado de firmas radicadas fuera del país, son Borda Investments LLC, SCO Investments LLC y Raspa Investments LLC”. Según señaló la fiscal, estas compañías “se encontrarían asociadas a Mayra Mendoza, al ex secretario de Hábitat, Sebastián Roberto Raspa, y a un abogado y un empresario”, todos imputados por ella.
Las contrataciones que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, representaron una erogación de 535.265.793,58 pesos. Esto implica una recaudación mensual de 38,233,270.97 pesos. Los trabajos encargados a las cooperativas eran de limpieza de plazas y otros espacios públicos en la ciudad.
Esta causa inició tras la denuncia que formuló el apoderado del Municipio por orden de Mendoza, para sostener su supuesta inocencia y pedir que se investiguen las acusaciones en su contra, que se conocieron inicialmente a través del portal de noticias El Disenso.
En su defensa, la intendenta de La Cámpora sostuvo que el personal de la Municipalidad obró dentro del marco legal y “cumpliendo cada paso del proceso administrativo, y negó cualquier relación con un hecho ilícito”.
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