En nueve carillas muy bien resumidas la Justicia Federal tomó una decisión que hasta hace pocos años parecía imposible de concretar: ordenó expulsar de la Argentina al narco peruano Marco Estrada Gonzáles (60), alias “Marcos”, actualmente preso en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, y condenado a 27 años de prisión por liderar una de las organizaciones de venta de drogas mejor estructuradas del país.
Capo absoluto de la venta de cocaína, paco y pasta base en la Villa 1-11-14, del Bajo Flores, “Marcos” siempre se había resistido a la expulsión. Incluso en un proceso abierto en la Justicia Contencioso Administrativa -a instancias de la PROCUNAR- Estrada Gonzáles había hecho todo lo posible para que no lo echaran de la Argentina.
Por entonces, año 2014, la Dirección Nacional de Migraciones había sacado una resolución cancelándole la “radicación permanente” de la que gozaba “declarando irregular su permanencia en el territorio nacional” y ordenando su expulsión del pais y su reingreso ” con caracter de permanente”.
En ese proceso en el fuero contencioso administrativo, la Justicia fallo en su contra. Pero no se lo pudo expulsar entonces porque aun pesaba sobre él una causa penal. Fue esa última causa en la que en medio de la pandemia el Tribunal Oral Federal N° 3 de Capital lo condenó a 27 años de prisión. En el mismo juicio su esposa, Silvana Salazar, recibió un apena de 18 años y también fueron condenados otros 36 miembros de la banda.
Fue una sentencia que el capo no esperaba y que le hizo recalcular sus planes.
Luego del veredicto -en noviembre de 2020- cambió su estrategia y apuntó todos sus cañones a levantar campamento y volverse a Perú junto a su familia. Allí de hecho vive su hermano Fernando (alias “Pity”), con quien compartió siempre la cúpula de la organización y que esta prófugo de la Justicia argentina desde hace una década.
Un paso determinante en este plan de dejar la Argentina ocurrió el pasado jueves 19 cuando el juez federal Javier Ríos (presidente del TOF 3 y el encargado de seguir la ejecución de la pena de “Marcos”), resolvió darle luz verde a la expulsión.
Esta había sido pedida por la defensa de Estrada Gonzáles y contaba con el OK de la fiscalía de juicio -a cargo de Diego Velasco- y de la PROCUNAR ( Procuraduría de Narcocriminalidad), que ya había impulsado el proceso de 2014.
Para los fiscales el objetivo de sacar a Marco del país es claro: luego de cuatro condenas, y de pasar años y años en la cárcel, el Estado no ha logrado desbaratar su poder en el Bajo Flores. Estrada Gonzáles logra manejar todo detrás de las rejas. Por eso es mejor que se vaya lo más lejos posible.
Claro que las cosas no fueron tan sencillas.
Para empezar, hizo falta que Estrada Gonzáles cumpliera la mitad de la pena impuesta. Esta vencerá el 14 de septiembre de 2034 y si se le ocurre volver a la Argentina alguna vez deberá cumplirla en su totalidad.
“Marcos” pudo redondear los números de su computo gracias a algunos cursos que le dieron crédito para disminuir algunos meses de encierro. También pagó la multa que pesaba sobre él, un número tan ridículo que sólo es simbólico: 45.250 pesos.
El prontuario
Para Marco Estrada Gonzáles la condena de octubre del 2020 no fue la primera, pero sí la más dura. Una primera investigación iniciada a fines de los ’90 terminó en 2004 con una pena de 4 años y dos meses de prisión, sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
La calificación de entonces fue “organizador de una asociación ilícita, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de intervinientes y acopio de armas y municiones de guerra”.
Los dos procesos más grandes en su contra por narcotráfico -el primero de los cuales llevó a su pedido de captura internacional y detención en Asunción, Paraguay, en 2007- se cerraron con dos juicios abreviados, de 6 años de prisión cada uno. El primero fue en el 2012 y otro en el 2013 y terminaron con una pena única de 10 años de prisión.
“Marcos” fue a la cárcel pero gracias a una serie de cursos tomados intramuros (finalizó el colegio secundario y estudio “mecánica”) consiguió la libertad condicional en febrero de 2014. Entonces se mudó con su familia al barrio privado La Celia, en Ezeiza, el mismo lugar donde vivía el entonces ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados. Fue en su duplex de La Celia donde lo fueron a buscar para apresarlo otra vez, el 16 de diciembre de 2016.
“‘Marcos’ maneja una zona de 7 hectáreas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Todo el mundo sabe que el lugar es gobernado por “Marcos” y ”Pity” (su hermano mayor, hoy prófugo). En esas 7 hectáreas rige otra ley, su ley”, dijo al inicio de su alegato Diego Velasco y resaltó que, en el territorio de Estrada Gonzáles, “el Estado fue haciendo cosas pero tuvo y tiene muchas dificultades para ser efectivo”.
El fiscal puso ejemplos. Uno: cuando la banda colocó barricadas en los accesos para que no pudieran pasar patrulleros y cualquiera tuviera que aminorar la velocidad en las zonas de venta, el Gobierno de la Ciudad las sacó. Pero los narcos las terminaron reemplazando por latas de 10 litros rellenas con cemento.
Dos: cuando se instalaron cámaras para filmarlos, aparecieron por todos lados pasacalles con leyendas absurdas de festividades inexistentes que estaban ubicados estratégicamente para tapar la visión hacia los puestos de comercialización.
Ahora “Marcos” se va. Pero el problema del trafico en la Villa 1-11-14 está lejos de estar solucionado. Su desaparición del mapa (si este finalmente se concreta) ya empezó a generar una seguidilla de muertos en la puja por el territorios. Todos quieren ser el nuevo jefe.
GL
