La situación judicial de Sebastián Villa empieza a sumar instancias decisivas en la investigación que actualmente se lleva a cabo en su contra luego de que una joven de 26 años lo denunciara por abuso sexual. Al respecto, el futbolista colombiano deberá presentarse este jueves 2 de junio para someterse a un peritaje psiquiátrico.
El actual delantero del Club Atlético Boca Juniors tendrá que responder una serie de preguntas ante una psiquiatra del Ministerio Público Fiscal, quien tendrá que evaluar y establecer “rasgos y características de la personalidad del imputado [por Villa]”, “posibles patologías o afecciones que presente” y “si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heretocrítica”.
La fiscal Vanesa González, que conduce Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Ezeiza, es quien se encuentra cargo de la investigación y quien ordenó peritaje psiquiátrico.
La fiscal pidió, además, que “en caso afirmativo del punto antecedente [enfermedad o trastorno mental] se determine si su padecimiento puede ocasionar desgobierno de los actos, si resulta peligroso para sí y para terceros, si pudo o no comprender la criminalidad de sus actos y/o dirigir sus acciones”.
Se trata de la segunda pericia psiquiátrica que se lleva a cabo en el marco de esta investigación. La primera le fue realizada a la víctima del caso y reveló que “presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos” con “angustia” y un “trastorno de estrés post-traumático”. También se concluyó que en su testimonio “no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”.
En la misma línea, la pericia victimológica arrojó resultados similares, asegurando que la joven “presenta un discurso claro, comprometida efectivamente con los hechos que relata, con actitud de colaboración, se la observa angustiada, llora en varios tramos de la entrevista. De sus dichos se desprende que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían”.
