Hay un divorcio profundo entre los partidos políticos y los ciudadanos, entre la agenda parlamentaria y las necesidades sociales. Representantes que “en bloque” se niegan a debatir ideas porque no son suyas, aunque signifiquen mejores instrumentos para la ciudadanía.
¿Es oportuno que un Congreso moroso en tantas decisiones trascendentales para la calidad institucional se aboque a discutir la utilización de la boleta única de papel (BUP)?
Un principio rector es que las reformas electorales deben impulsarse y acordarse en años no electorales, para seguridad y previsibilidad de las reglas de juego.
La lógica indica que las posibilidades de lograr su aprobación aumentan si son promovidas al inicio del mandato por la alianza de gobierno triunfante -con su legitimidad intacta-, más que a propuesta forzada de una oposición ajustada en el tercer año de un gobierno débil, un Senado resistente al cambio y un Presidente que se ha manifestado contrario (y cuenta con poder de veto). Las reformas electorales deben ser integrales y fruto del consenso más amplio.
Los partidos dominantes siempre suelen demorar esos cambios, más aún si el sistema vigente les asegura ingresos para el financiamiento de campañas, les permite jugar con ventaja sobre los rivales más pequeños y facilitar que el ciudadano esté cautivo de un “aparato” que le recuerda los beneficios que recibe del mismo Estado que lo empobrece, mientras le entrega una boleta partidaria como un prospecto obligatorio que le impide salir de la dependencia clientelar.
Si bien la BUP tiene ventajas y desventajas, es el sistema de votación más utilizado por nuestros vecinos, incluso por los países más desarrollados y avanzados en tecnología. A favor cuenta su autenticidad, su economía, la equidad e integridad al incluir a todas las fuerzas en una única oferta electoral, menor necesidad de fiscalización, sustentabilidad ecológica, mayor facilidad para el escrutinio.
En su contra, se señala el tamaño de la boleta según aumente la oferta electoral y la limitación de que la información visible en el instrumento se resume a quienes encabezan las listas. Dificultades que pueden resolverse con creatividad y educación cívica.
En medio de tanta pobreza institucional -y de la otra-, los argentinos deben recordar que el Estado desembolsó más de 1500 millones de pesos para que los partidos imprimieran boletas en las elecciones 2021. Una partida cuyo uso es poco transparente, justificada con facturas que nadie fiscaliza, y cuya impresión real no se audita.
¿Cuáles serían los incentivos para que la mala política ceda esta cuantiosa caja? ¿Por qué hacerlo si le permite cierto poder sobre un sector de la población necesitada? La respuesta es simple, el monopolio de la representación no es un negocio, es un mandato cuya responsabilidad incide en la calidad de la democracia y en la construcción de una mejor clase dirigente.
Los ciudadanos deberían importar más que el interés de cualquier fuerza espacio o candidato. El riesgo de facilitar al elector un mejor instrumento de votación, es el de despertar a un soberano más libre y consciente de su poder, capaz de ejercer una selección natural a favor de los mejores.
Marcelo Bermolén es Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
